La batalla ideológica se ha colocado en los impuestos. Bajar la presión fiscal se ha convertido en el principal argumentario del PP valenciano desde el aterrizaje de Carlos Mazón en la dirección autonómica, un debate que los populares trasladaron ayer al pleno de la Diputación de Valencia con una propuesta de descenso del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el recargo provincial, del 29 al 10 %.
La moción presentada por el PP replicó los bloques que habitualmente se vislumbran en las Corts cuando se discute sobre tributos. Esta propuesta, desgranaron desde el grupo popular, permitiría bajar la carga fiscal a unas 7.700 empresas de la provincia dotándoles de «más competitividad» y posibilidades de creación de empleo y destacaron que en septiembre, la Diputación de Alicante aprobó una bajada del recargo provincial de este impuesto al 5 %.
Esta bajada, además, sería para el PP sin gran afectación sobre unas cuentas públicas —las de la diputación— que se encuentran «posiblemente en una de las mejores situaciones económicas de la historia» con un 27 % de deuda y remanentes de 150 millones.
No obstante, la propuesta no contó con el visto bueno del equipo de gobierno provincial formado por PSPV y Compromís. En este sentido, el diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, señaló que este descenso del IAE afectaría solo entre 250 y 300 euros al año para empresas que facturan más de un millón, pero, por contra, tendría una repercusión de 8 millones en las arcas de la entidad provincial.
«Lo que no tiene sentido es que pidan reducir los ingresos con menos impuestos y luego pidan más gasto para los municipios. Si hay menos ingresos, ha de haber menos gastos», insistió Mascarell, quien, por otra parte, destacó que la Diputación de Valencia es de las provincias con menos carga fiscal en este apartado.
El pleno aprueba más ayudas para la despoblación
El pleno provincial aprobó ayer por unanimidad el incremento de la aportación al Fondo contra la Despoblación, que este año será de 1.653.885 euros. Este, sumado al millón y medio de la Generalitat, supondrán más de tres millones de euros que se repartirán los 65 pueblos calificados en riesgo de despoblación.
Esta línea de inversión es el apéndice del Fondo de Cooperación Municipal y que tiene una aportación adicional de 140.000 euros para los 24 municipios de la provincia que no superan los 300 habitantes.
