El acuerdo alcanzado ayer por el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV para modificar la ley de medidas urgentes para acabar con la temporalidad en el empleo público aboca a la Generalitat a revisar buena parte de las ofertas de empleo público que ya tenía planificadas para los próximos años y, muy probablemente, procesos que ya están en marcha.
De momento, y en espera de que la nueva reforma legal que afecta al personal interino se concrete, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas mantuvo ayer, a preguntas de este diario, que los procesos selectivos siguen en marcha. El departamento que dirige Gabriela Bravo opta por la prudencia si bien en el mundo sindical se da por hecho que la planificación de oposiciones salta por los aires con los cambios que se avecinan y que la Generalitat, con un índice de temporalidad cercano al 40 %, no tendrá más remedio que rediseñar sus ofertas de empleo público.
El Gobierno central ha pactado con ERC y PNV enmendar el conocido como decreto Iceta aprobado en verano en el que se cerraba la puerta a que el personal interino pudiera convertirse en fijo sin aprobar una oposición.
La nueva propuesta con mayoría suficiente en el Congreso para ser aprobada obligará a las Administraciones Públicas, entre ellas a la Generalitat, a convocar procesos de acceso por concurso de méritos para las plazas ocupadas temporalmente desde el 1 de enero de 2016. Esta vía de conversión en personal funcionario está prevista para quienes ocupan una plaza estructural durante al menos cinco años. Además, las enmiendas plantean una oferta de empleo público específica con fase de oposición no eliminatoria para estabilización a los interinos con tres años de antigüedad.
Los sindicatos temen un caos
Ambos procesos especiales que la Generalitat deberá negociar antes de julio de 2022 se cruza con ofertas de empleo público o concursos de traslados ya en marcha y que afectan a más de 4.500 plazas. La mayoría de los sindicatos consultados por este diario coinciden en que el caos está garantizado y que podría agravarse si, como muchos de ellos vienen reclamando desde hace tiempo, no se paralizan los procesos.
Cabe apuntar que muchas plazas afectadas ahora por pruebas selectivas de concurso oposición cumplen los requisitos que la futura ley reserva para un concurso de méritos, con lo que parece abonarse el terreno para recursos ante los tribunales. Ayer en una reunión interna con Función Pública varios sindicatos pidieron a la Generalitat parar los procesos. En otras Administraciones, como la diputación, ya se ha hecho la petición formalmente.
A esta incertidumbre se suma la relacionada con el impacto real que tendrá la reforma entre quienes se encuentran en la actualidad en una situación de interinidad. En principio, la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público se aplicará únicamente al sector de Administración General de las Administraciones Públicas, es decir, queda excluido el personal docente y sanitario. Para este colectivo se da un margen de un año para una negociación a parte. Lo lógico es que las facilidades para el personal interino (convertirse en fijo por un proceso de méritos en el que se prime la experiencia) se les acabe aplicando, pero para ello hay margen.
El primer impacto es para el personal interino de conselleries y del sector público instrumental, que supone entre el 40 y el 50 % del personal fijo. La Conselleria de Justicia desconocía ayer cuánta de esta plantilla cumpliría los requisitos para usar la vía del concurso de méritos. Como dato cierto se sabe que hay más de 7.442 efectivos temporales en puestos estructurales y que más de 9.000 de los entes públicos son temporales.
