¿Qué sentido tiene poner un control en la entrada de restaurantes o locales de ocio para ver si se está vacunado contra la covid-19 cuando nueve de cada diez españoles ya lo está? Esta es más o menos la pregunta que han lanzado varios expertos en Epidemiología y Salud Pública ante el interés mostrado esta semana por la Comunitat Valenciana y otras autonomías en instaurar cuanto antes el control vía pasaporte covid en lugares cerrados donde no se use todo el tiempo la mascarilla como una forma de cortar la transmisión del coronavirus, ahora en franco ascenso.
Es la cuestión que se plantea también Alejandro Conde, preventivista en el Hospital de A Coruña y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). Para este experto esta iniciativa «tiene sentido» con el objetivo de cortar la transmisión del virus en países donde las coberturas vacunales no son tan altas pero aquí en España «no es una medida que vaya a suponer un cambio muy importante en la incidencia de casos» teniendo en cuenta que nueve de cada 10 usuarios del local donde lo pidan «están ya vacunados. La diferencia entre pedirlo o no va a ser poca».
Para Conde, aunque su impacto en la transmisión del coronavirus sea relativo, sí se trata de una medida «a priorizar a nivel social», ya que sí es una forma de ejercer presión frente a quien no se ha vacunado. «Si voy a tener problemas para vacunar, lo hago. Es de sentido común que incentiva la vacunación», aunque es difícil de saber qué relación ha tenido por ejemplo en Galicia su implantación en el ocio nocturno con que la gallega sea una de las regiones con una cobertura vacunal covid más alta entre adolescentes.
Es la misma reflexión que el jueves hacía Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias de España. Para Simón, la medida era una opción pero cuestionaba en los mismos términos su utilidad. «Es menos importante» para frenar el avance del virus» pero «una opción para recordar que la epidemia sigue ahí» aseguró.
Para el presidente de la SEMPSPH, el valenciano Rafael Ortí, implantar esta medida supone añadir algo más de presión para esos 465.000 valencianos que no se han inmunizado todavía. «A título personal creo que no es descabellado ponerlo porque aporta seguridad al sistema y genera una presión para los no vacunados: les recuerda que siguen siendo un riesgo para ellos y para los demás», aseguraba Ortí.
Otros especialistas desmenuzaban ayer ese 90 % de vacunados por grupos de edad para defender que la medida aportará seguridad ya que los niños, por ejemplo, no están vacunados «y también van a restaurantes», y por franjas de edad, la cobertura vacunal no llega ni al 80 % entre los valencianos de 30 años. Eso sí, tanto unos como otros insistían en la necesidad de no dejar caer medidas de protección básicas como la mascarilla.
Habrá que esperar a la próxima semana para conocer el texto normativo con el que el Consell busca implantar la medida y que ya ha recibido el aval de la Abogacía.
El repunte deja el peor viernes desde finales de agosto
La Conselleria de Sanidad notificó ayer viernes 727 nuevos casos de coronavirus, el peor viernes desde finales de agosto cuando la quinta ola estaba en retirada. Con estos nuevos contagios, la semana se cierra con 3.635 positivos, un 47 % más que la semana anterior. Es la segunda semana con el mismo porcentaje de subida de casos. Los pacientes en hospitales vuelven a repuntar y ya son 249 ingresados, 49 de ellos en UCI, aunque el porcentaje relativo de ocupación de camas es todavía bajo. Tras el repunte de esta semana, la incidencia escala a los 113 casos por 100.000 habitantes a 14 días, el doble que hace dos semanas. Hay 25 municipios con una tasa por encima de 500 casos, entre ellos Segorbe y Ayora.
