El Síndic de Greuges recibe en la sede de la institución, en Alicante. Cumple dos años en el cargo de los siete para los que fue elegido. Incluso podría ocuparlo algunos más si no hubiera acuerdo para designar sucesor. Así lo recoge la ley. Al Síndic lo primero que se lo nota es que disfruta con su trabajo, el de hacer más eficaces los derechos y que el Estado del Bienestar se haga efectivo y llegue a todos, especialmente a los que menos tienen, suele insistir.
¿Sale la sociedad valenciana más desigual de la pandemia?
Sin duda. La pandemia ha incrementado las desigualdades, es lo que nos dicen los datos más fiables y la realidad de la calle, lo que vemos a través de las quejas y los problemas que nos plantea la ciudadanía. Es evidente.
¿La Administración cumple o deja mucho que desear?
La Administración deja mucho que desear. Uno de los grandes caballos de batalla nuestros es el derecho a una buena Administración que está recogido como tal en el Estatut y en la carta de derechos fundamentales de la UE.
¿De las miles de quejas que recibe cada año cuál es el ámbito que más le preocupa?
Tenemos el mandato especial de atención a situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión que ya hacíamos, pero que ahora la ley nos encarga de forma más precisa; todo lo que tiene que ver con el área de servicios sociales.
Ha denunciado intromisión de la Conselleria de Igualdad en una investigación sobre centros de menores, la comisión de peticiones también investiga. ¿Qué ocurre en esos centros?
Las investigaciones en centros de menores son una tarea recurrente del Síndic porque los menores no vienen a poner quejas ni tienen capacidad y conocimiento suficiente para saber que hay una institución que les defiende. En el contexto de esas investigaciones es donde hemos tenido un problema con la conselleria.
¿En qué ha consistido?
Hemos querido hacer una investigación con un determinado método que es enviar cuestionarios a los directores de los centros de menores con problemas de conducta y esa investigación ha sido interferida por la conselleria. Y se podía haber resuelto fácilmente si lo hubiera reconocido desde el primer momento, porque lo que pedíamos es que el cuestionario lo rellenara el director, no que lo mandara la conselleria. Pero el problema es que insiste y lo más grave es cuando empieza a sacar interpretaciones delirantes sobre no se qué complot y no se qué historias.
La vicepresidenta Oltra deslizó que usted está en connivencia con el PP. Y Compromís apuntó a un exalto cargo del PP que trabaja en la Sindicatura...
Para no aceptar lo que debería haber aceptado desde el primer momento, que era que yo quería una investigación de una determinada manera y la conselleria no lo ha permitido; para no aceptar el error lo que se ha hecho es buscar una interpretación que es delirante. Pensar que no solo yo sino que esta institución está dirigida o manipulada por el PP es, como digo, delirante.
¿Usted tiene fijación con la vicepresidenta Oltra?
No. Yo lo que tengo es un mandato legal y moral para dedicarme a aquellos asuntos que tienen que ver con personas vulnerables y en situación de exclusión, violencia de género y sobre todo menores que no se pueden defender solos. Las quejas que tienen que ver con la Conselleria de Igualdad están en torno al 30 por ciento del total, ya no son quejas que ponemos aquí sino es la ciudadanía la que tiene ese problema real.
¿Han hablado sobre esto?
No. Nos saludamos protocolariamente en un acto en Elx pero fuera de eso llevo mucho tiempo sin hablar con la vicepresidenta de nada que tenga que ver con el Síndic o con su conselleria.
¿Por escrito sí?
Le he enviado escritos en dos ocasiones a ella personalmente.
¿Debilita la confianza del ciudadano que dos administraciones se enfrenten?
Todo lo que sean conflictos entre instituciones no contribuye a que la ciudadanía tenga buena opinión de su funcionamiento. Las instituciones tienen que respetarse y respetar las facultades de cada uno. En las Corts ocurrió que el diputado de Compromís (Jesús Pla) me reprochó que yo no reconociera que la conselleria nos dejó entrar a visitar los centros. Es que no han entendido nada. La conselleria no me tiene que dejar, tengo facultad por ley y si resuelvo que personal del Síndic va a visitar los centros, va a visitarlos quiera o no la conselleria. Eso es respetar la institución.
¿Es suficiente que se alegue falta de personal para no cumplir sus resoluciones?
No. A mí no me corresponde valorar si falta personal. Si es así es un problema de la organización de la Administración. Si la ley reconoce una serie de derechos con plazos, como ocurre con la dependencia de seis meses, y son plazos que ha puesto el legislativo o la propia conselleria yo no le puedo decir al ciudadano ‘comprenda usted que la conselleria no tiene personal’, no; yo no estoy para eso. Yo lo que tengo que decir es que se incumple el derecho del ciudadano.
¿Hay demasiada burocracia?
Demasiada burocracia inútil y falta de respeto al derecho de los ciudadanos. Se hacen procedimientos farragosos para el ejercicio de los derechos y se pide al ciudadano papeles que no tiene porqué pedir porque están en poder de la Administración. No tienen que pedir, por ejemplo, certificado de empadronamiento.
Acaba de abrir una queja de oficio a un decreto de Vivienda...
La Administración no ha acabado de entender la propia ley de Vivienda que ellos mismos han aprobado y con el decreto arreglan algo pero no todo. Un ciudadano se tiene que inscribir telemáticamente en un registro, luego acudir al Evha y si no le contestan, que es lo que suele suceder, tiene que estar pendiente cada año o cada dos de volverse a inscribir y de solicitar las ayudas al alquiler, pero la ley dice que el ciudadano tiene derecho a la vivienda y da un plazo de seis meses y en caso contrario hay que poner medios sustitutivos, ayudas al alquiler. Pero lo que no tiene que andar el ciudadano es de la ceca a la meca...
¿Y eso no se entiende?
Hasta ahora no lo han entendido. Hay respuestas de vivienda asombrosas, realmente increíbles. Hace un par de días, a una ciudadana le deniegan la ayuda al alquiler porque el certificado de empadronamiento que presenta no es el colectivo. Recurre y dice vivo sola. Pero es que no tendría que presentarle nada porque es obligación de la Administración tener esa documentación.
¿Le preocupa la brecha tecnológica, que mucha gente no tenga capacidad para acceder?
A todos los niveles. Deberíamos ser más incisivos en ese tema. Tiene que ver con la capacidad de acceso a las nuevas tecnologías pero también debería tener con la capacidad de defenderse de las nuevas tecnologías. Y a eso no le prestamos atención. En el tema de vivienda nos preocupa muchísimo, en materia sanitaria también porque las personas mayores en la pandemia se han desesperado, yo mismo probé y necesité 17 llamadas para contactar con el centro de salud. Pero también la vulnerabilidad ante las nuevas tecnologías.
¿Es suficiente señalar a las administraciones en sus informes o cree que debería tener alguna capacidad coercitiva mas?
No. Esta institución es lo que es y para la capacidad coercitiva están los tribunales. Nosotros denunciamos situaciones y recomendamos actuaciones, somos un instrumento de control social del ejercicio del poder, por eso muchas veces molestamos.
¿Su fuerza es la capacidad de molestar?
Sí. La nueva ley ha reforzado nuestra capacidad de hacer públicas nuestras denuncias.
¿Detecta delincuencia de menores no acompañados (menas) o violencia de mujeres a hombres con dice la ultraderecha?
No. No hay denuncias de hombres. Y con menores no acompañados nos preocupa el trato y la acogida. Mi discurso es muy claro. Ojalá fuéramos capaces de acoger y dar formación y mantener a esos jóvenes que llegan porque somos un país en regresión por la natalidad y que no mantiene el equilibrio vegetativo.
