El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y Caixabank han acordado asumir a medias la deuda de tres millones de euros generada por el crédito fallido de Bancaja que avalaron en 2006 a la fundación Aulamar, una fundación sin ánimo de lucro vinculada al exministro de Defensa del PP, Pedro Morenés. Este pacto hace que el organismo público y la entidad financiera paguen cada una 1,5 millones.
La asociación a la que está vinculada Morenés obtuvo, entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, varios préstamos del programa Profit, concedidos por el Ministerio de Educación y Cultura (495.819 euros y 254.977 euros respectivamente) y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (810.465 euros) para transformar el barco pesquero en un buque escuela. Para beneficiarse de estos préstamos la fundación necesitaba los avales suficientes que respaldaran esta inversión. Fue Bancaja la que otorgó los avales pero exigió una contragarantía a su favor por las 21 pólizas de aval que, finalmente, firmó el IVF en 2006, bajo el mandato de Francisco Camps.
Según Manuel Illueca, “desde el IVF se ha tratado de proteger los derechos de la ciudadanía valenciana ante un nuevo pufo del PP que tenemos que pagar el consell del Botànic. Pero gracias a la capacidad de negociación del IVF, hemos logrado que las arcas públicas únicamente tengan que responder de la mitad de la deuda generada por el aval, y hemos ahorrado a los contribuyentes valencianos 1,5 millones de euros”. “Aunque es una buena noticia, la realidad es que nos toca hacer frente al pago de 1’5 millones de euros por un nuevo aval sin justificación y fallido de los muchos que en la época del anterior ejecutivo se dieron a amigos y conocidos”.
“Estamos nuevamente ante uno de los casos oscuros que salpicaron la gestión del anterior ejecutivo en la Comunitat Valenciana. El IVF no podía avalar el crédito a Aulamar ya que se trataba de una fundación radicada fuera de la Comunitat Valenciana, concretamente en Madrid”, explica el director del IVF, Manuel Illueca.
“La solución que se orquestró, en este caso, fue que el crédito lo avalara Bancaja y que el IVF lo contraavalara. Se trata de un pufo dirigido a beneficiar a intereses particulares. De hecho, la fundación no tiene ya actividad y no se sabe nada del barco”.
“En este caso, los intereses de la ciudadanía valenciana nunca fueron una prioridad y se utilizó el dinero público de la Comunitat Valenciana para que alguien bien relacionado pudiera llevar a cabo sus negocios”, ha lamentado Illueca.
Novaciones y ejecución de avales
En 2009, Industria modificó las condiciones de uno de los préstamos para alargar el plazo de amortización a quince años, extender el periodo de carencia a cinco años y retrasar dos años la fecha del primer reembolso hasta octubre de 2011. Esa modificación fue seguida de otras posteriores para dar facilidades de pago a la Fundación Aulamar.
Pero la fundación Aulamar no respondió de los créditos. A partir de 2016, la Administración central comenzó el proceso de ejecución de los avales. En ese momento, Bankia ya había absorbido a Bancaja. En 2017, Bankia ejecutó los primeros avales y remitió por primera vez dos reclamaciones al IVF en su condición de reavalista, motivo por el que la entidad, ya con Manuel Illueca al frente, provisionó 1,5 millones de euros como medida de prevención.
El IVF se negó a pagar y al año siguiente Bankia le exigió otros 618.000 euros como pago por la ejecución de otros catorce avales, al tiempo que le advirtió de un riesgo de ejecución del resto de avales vivos por 954.000 euros y le exigió que le relevase como avalista.
Bankia pretendía que el IVF afrontara en solitario el pago como contraavalista. Pero el Instituto sostiene que se llevaron a cabo novaciones en los créditos concedidos por el Gobierno central a Aulamar que no se le habían notificado y que, por tanto, la obligación que vinculaba a la entidad en virtud de los contratos de aval se había extinguido al haberse novado la operación garantizada.
No fue posible alcanzar acuerdo alguno con Bankia quien reclamaba al IVF el pago íntegro del capital satisfecho consistente en el nominal de los avales prestados más las comisiones e intereses devengados. Ante la imposibilidad de acuerdo, Bankia formuló demanda de ejecución a la que el IVF se opuso.
Durante el proceso, se propuso por parte del IVF el pago del 50% de la deuda generada por cada una de las partes. En esta negociación Caixabank, sucesora de Bankia, S.A se ha mostrado conforme con la cancelación de la total responsabilidad del IVF por razón de los avales reafianzados a Fundación Aulamar contra el pago de 1.572.272,82 euros. Desde el IVF se consideró favorable este acuerdo, en la medida en que el IVF no pagará intereses o comisiones algunas y únicamente atenderá el 50% de la cuantía reclamada y consignada judicialmente, y habida cuenta de la complejidad y los riesgos que puede acarrear iniciar un proceso de declaración abusiva de reafianzamiento
