Las entidades en representación de las personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana propondrán que la futura Ley de Accesibilidad Universal e Inclusión de la Comunitat Valenciana (que se encuentra en fase de presentación de alegaciones) contemple los plazos en los que se tienen que materializar las medidas que están sobre el papel para garantizar su ejecución, concrete un presupuesto anual del 1 % de las cuentas valencianas a mejorar las infraestructuras y edificios y garantice que el ajuste razonable (las modificaciones técnicas para garantizar la igualdad de condiciones que se aplican en casos en los que es imposible seguir la normativa idónea) no se convierta en un agujero por el que evadir las condiciones accesibles de la ley.
Estas fueron las primeras propuestas emitidas por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) y la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, (Cocemfe CV) tras hacerse público el pasado miércoles el borrador del anteproyecto de ley desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En primer lugar, Luis Vañó, presidente del Cermi, detalló a Levante-EMV que «como algo que hemos reivindicado siempre, esta futura ley tiene que incoar un Fondo para la Promoción de la Accesibilidad Universal anual dentro de la Ley de Presupuestos valencianos».
Unas cuentas específicas
La propuesta del Cermi, en este sentido, es «destinar el 1% de todo el gasto de la Comunitat a obras públicas e infraestructuras en materia de accesibilidad universal». Además, añade Vañó que «sería interesante integrar en este fondo las multas y sanciones económicas que se recauden del régimen sancionador que se regula en la ley». Por último, desde el Cermi animarán a que este fondo «subvencione actuaciones y medidas para que se garantice el cumplimiento de la ley, así como inversiones innovadoras de accesibilidad universal».
Fuentes de Cocemfe, por otra parte, apuntaron que, si bien esta norma será un avance «grandísimo» para garantizar una vida en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, les ha pillado de sorpresa la rápida publicación del anteproyecto. «Nos hubiera gustado seguir las dinámicas de trabajo por comisiones para trabajar apartado por apartado tal como estaba previsto». Una vez revisado el anteproyecto, propondrán en las próximas semanas que la ley contemple los plazos para que los artículos se cumplan. «Sería interesante aplicar plazos concretos para que no hubiera moratorias en la aplicación real de las medidas».
Por otra parte, desde Cocemfe también señalan que el ajuste razonable «debería estar en un decreto específico» porque puede devenir en una «excusa» para eludir las responsabilidades de accesibilidad. ¿Qué sería, por ejemplo, un ajuste razonable? «Si en un edificio es imposible incorporar un ascensor por falta de espacio, un ajuste razonable sería hacer la escalera más alta y estrecha para que quepa el ascensor. Una persona con movilidad puede subir una escalera más estrecha, pero una persona con discapacidad no puede subir si no hay ascensor», detallan. «Hemos visto que en ocasiones se utiliza como un agujero para evitar hacer modificaciones accesibles y eso es algo que no debe ocurrir». Con todo, enumeran una serie de artículos novedosos que mejorarán la vida de las personas.
