La Fiscalía hace tiempo que está desbordada por el número de asuntos, y la sección especializada de Delitos Económicos es una de las más afectadas por ese enorme volumen de trabajo. Esa es la principal razón por la que la Conselleria de Justicia ha aprobado la creación de tres plazas para dotar de peritos que colaboren con los acusadores públicos con el fin de agilizar informes, análisis documentales y periciales que desatasquen la actividad diaria.
Desde este miércoles, la sección especializada de València ya cuenta entre sus filas con una perito especializada en delincuencia económica y financiera y está previsto que Alicante y Castelló cubran sus dos plazas en los próximos meses.
Un dato permite hacerse una idea de la idoneidad y rentabilidad de esta agilización: solo el año pasado, el de la pandemia, con el parón judicial obligado por los meses de confinamiento, las tres fiscalías provinciales de delitos económicos de la C. Valenciana persiguieron delitos que habían provocado un agujero económico de 67.346.870,72 euros. Las causas más comunes fueron por fraude, en los que la cuantía global investigada fue de casi 10 millones de euros.
Los candidatos al puesto deben tener licenciatura en Ciencias Económicas o en Administración y Dirección de Empresas con especialización en contabilidad, fraude fiscal y conocimiento de herramientas informáticas especializadas y ocuparán un puesto de jefe de unidad con el salario correspondiente a ese rango. Con la incorporación de esta profesional, la C. Valenciana se convierte en la primera autonomía con competencias en materia de Justicia que implementa esta asistencia, demandada históricamente por jueces y fiscales para investigar los delitos de guante blanco.
Las plazas de peritos contables se unen al trabajo de la Cátedra DeBlanc creada en 2018 por la Conselleria de Justicia y la Universitat de València y es, en palabras de la consellera Gabriela Bravo «la aportación de la Generalitat para satisfacer una demanda histórica de fiscales y jueces como es la creación de órganos asesores especializados en Economía, Finanzas y Computación que les ayuden en la fase de instrucción en la persecución de este tipo de delincuencia».
Multas por 3,2 millones, y 26.6 en responsabilidad civil
Durante 2021, las condenas firmes por delitos financieros y económicos recogían el pago de 26,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y de 3.2 millones en multas. Se trata de un importe especialmente elevado porque ha sido el año en que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme en la pieza principal del caso Emarsa, una de las primeras corrupciones de la C. Valenciana en ser investigada. Otro dato: en este tiempo, la Agencia Tributaria ha presentado 58 denuncias, 11 por delitos fiscales y el resto por fraude tributario, como confección de facturas falsas, blanqueo de capitales y delito contable.
