La sección cuarta de la Audiencia de València tumbó ayer tras casi seis años de instrucción la causa del presunto pitufeo o blanqueo de capitales en pequeñas cantidades para trece exconcejales y exasesores del PP del Ayuntamiento de València que, hasta ayer, estaban abocados al juicio oral, que ya no se celebrará. La sentencia es firme y ya no cabe ningún recurso.
Los cinco ediles cuya representación letrada dirigida por Manuel Corredor han conseguido el archivo son los exconcejales María Jesús Puchalt, Francisco Lledó Aucejo, Vicente Igual Alandete, Silvestre Senent Ferrer y la exasesora Maria Dolores Cubells Fuertes. A este recurso se sumaron, por lo que también han logrado el sobreseimiento, los exconcejales Lourdes Bernal Sanchis, Félix Crespo Hellín y Beatriz Simón Castellets, junto a los exasesores Juan Pedro Gómez Cerón, Ignacio Pou Santonja, José Navarro, Andrés Rodríguez Guisado Bolinches y Manuel Mas Gaspar. En los próximos días se conocerá el resto de resoluciones que también seguirán la estela de este primer auto y archivarán la causa para el resto de recurrentes respecto al pitufeo, según ha podido saber Levante-EMV.
Los magistrados de la sección cuarta que han dado carpetazo al pitufeo son Pedro Castellano (ponente), José Manuel Megía e Isabel Sifres.
La razón principal por la que la sección cuarta de la Audiencia de València archiva la causa del presunto pitufeo es porque los tres magistrados consideran que «en modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha, que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado», en relación al blanqueo de capitales.
Los magistrados consideran que no hay relación entre el presunto dinero negro o en «B» que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y el que presuntamente se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015. «Es contradictorio [decir] que el dinero [del presunto pitufeo] procedería de los presuntos actos delictivos cometidos por Alfonso Grau» para después afirmar que «en el proceso electoral de 2015, Alfonso Grau no intervino en operativas como las anteriormente expuestas a fin de financiar el gasto electoral por el propio Grupo y al margen de las vías licitas de la contabilidad del Partido». De hecho, a Grau se le investiga por malversación y cohecho en las elecciones de 2007 y 2011, pero no por el pitufeo de 2015. De ahí que los magistrados consideren que «se compadece mal la entrega al Grupo Municipal [del PP] de un dinero guardado fielmente durante cuatro años, después de haber roto relaciones ostensiblemente con él (...) con motivo del caso Noos y [tras] la renuncia de todas sus responsabilidades en los prolegómenos de la campaña electoral» de 2015.
Indicios descartados
Respecto a los indicios que apuntalaban la instrucción, el auto de la Audiencia los desmonta uno a uno. Las dos conversaciones del grupo de whatsapp de varios asesores en las que hablaban sobre la devolución de la donación de mil euros en dos billetes de 500 euros, «contiene generalidades respecto al cobro de dinero negro» pero «no distingue un solo nombre o la acción concreta de recibir la suma de los mil euros en billetes de quinientos». Sobre los testigos que se negaron a colaborar con el pitufeo y declararon la práctica es «una obviedad a la vista de la donación efectiva confesada y constatada documentalmente». Por último, la grabación de la Guardia Civil a María José Alcón en la que admitía el blanqueo «no es más que la confesión de una suposición, sin mención a persona concreta y rectificada posteriormente ante el juez». Y la denuncia anónima en Fiscalía «carece de valor alguno según reiterada jurisprudencia».
Tras conocer el auto de archivo, la presidenta del PP de València, Maria José Català, se mostró muy satisfecha porque «hoy se ha hecho justicia» y lamentó el «sufrimiento por el que han tenido que pasar nuestros compañeros durante estos seis años y las veces que se ha puesto en duda el trabajo y el legado de Rita Barberá y de su equipo».
El alcalde Joan Ribó señaló que «el auto no nos gusta» porque se usaron «fondos públicos» en las campañas electorales y supuso «jugar con ventaja» para los populares. Y lamentó que el proceso judicial sobre el pifufeo haya tardado «5 años» en valorarse, lo que ha supuesto «un castigo». Si al final se iba a decidir el archivo, añadió, se tenía que haber decidido «mucho antes», lamentó.
El abogado y exalcalde socialista que ha logrado el primer auto de archivo
El abogado que ha logrado el primer auto de archivo de la causa del presunto pitufeo cometido por el grupo municipal popular del Ayuntamiento de València es el letrado Manuel Corredor Sanchis, un histórico del PSPV-PSOE que fue alcalde de Sedaví desde 1979 a 2007. Corredor fue quien interpuso el recurso en nombre de cinco acusados al que se adhirieron cuatro letrados de 8 procesados más.
