La conselleria de Justicia y Administraciones que dirige Gabriela Bravo está dispuesta a plantear cambios de calado en el sistema de selección de su personal funcionario, de manera que las pruebas memorísticas, ahora piedra angular de cualquier oposición, pierdan peso y se introduzcan métodos para verificar la cualificación y la capacidad, a efectos prácticos, del aspirante para el puesto. Para ello, una de las propuestas es introducir al final del proceso selectivo prácticas remuneradas al estilo de los médicos residentes (MIR).
La propuesta de reclutamiento, dirigida a los grupos de mayor nivel y alta cualificación de la Generalitat, tendría dos fases. Una primera prueba teórica tipo test para evaluar los conocimientos pero sin un temario extenso para reducir el peso memorístico. Superada esta prueba eliminatoria se daría paso a una fase de desempeño práctico en la Administración.
Una primera prueba teórica tipo test para evaluar los conocimientos pero sin un temario extenso para reducir el peso memorístico. Superada esta prueba eliminatoria se daría paso a una fase de desempeño práctico en la Administración.
Las personas candidatas tendrían un tutor que les evaluará tras pasar por varios departamentos de la Generalitat. Serán prácticas remuneradas que si se superan les dará acceso de forma definitiva al cuerpo funcionarial. En caso de no hacerlo, la persona opositora pasarán a la bolsa de empleo y sumará puntos para una nueva prueba.
Esta es una de las principales propuestas asumidas por la conselleria contenidas en el informe del grupo de trabajo de estudio y propuestas de medidas para la innovación en los proceso de selección de personal al servicio de la Administración.
De hecho, la consellera Bravo anuncia que comenzarán con un proyecto piloto aplicado al cuerpo de administración general de la Generalitat, plazas cualificadas del grupo A1.
El estudio tutelado por el profesor Miguel Sánchez Morón, considerado un experto en este ámbito, ha sido presentado esta mañana por la consellera Gabriela Bravo. Parte de un diagnóstico de la situación actual en la función pública que certifica, de un lado, el problema ya conocido del envejecimiento de la plantilla, pero también el escaso peso del personal mejor cualificado justo cuando el proceso de modernización de las administración es inevitable, entre otras cuestiones, por la tecnificación y digitalización de los procesos. El informe revela que dos de cada tres puestos de trabajo no exigen titulación, que la mitad de la plantilla tiene más del 54 años y sólo el 5% tiene por debajo de 30 años. Además, dentro de ocho años se jubilaran 7.400, de los cuales 2.300 pertenecen al grupo A1 y A2.
La conclusión es clara: urge renovar plantillas y captar personal cualificado. La propuesta de aligerar los proceso selectivos no reduce al alto funcionariado. La idea de reducir los temarios para los exámenes es trasversal a todos los grupos, así como reducir el peso de las pruebas memorísticas e incrementar las pruebas prácticas. Para el grupo de trabajo es también importante que las pruebas respondan a los criterios de objetividad, validez y fiabilidad. Respecto a la fase de concurso, proponen que los méritos de experiencia no superen el 50% de la puntuación del baremo.
Bravo: "Nos abre un futuro importante"
También se considera clave la constitución de una comisión permanente de selección como un órgano encargado de toda la gestión de los proceso selectivos y se exigirá una acreditación previa para ser miembro del tribunal y así avanzar en su profesionalización. Además, la conselleria quiere realizar un estudio para evaluar las necesidades cuantitativas y cualitativas que tendrá la Generalitat en un marco de cinco a diez años. Y a partir de ahí diseñar las próximas convocatorias.
Bravo indica que el informe "nos abre un futuro importante para introducir los cambios en los procesos selectivos". "La Administración tiene un papel destacado como motor de la recuperación y el empleo mediante la contratación pública”, subraya. Bravo destaca que estos años se han convocado más de 5.000 plazas en los últimos años, lo que ha sido un reto.
"Una oferta sin precedentes como una solución urgente para hacer frente a los problemas de envejecimiento y la alta temporalidad". Bravo admite que pese a este esfuerzo, la renovación no iba a ser fácil con el actual sistema selectivo por el retraso en los procesos. "La pandemia ha sido un acicate para optar por un nuevo sistema selectivo", dice.
Durante su intervención Sánchez Morón destacó que el funcionariado constituye la médula del Estado: "Los gobiernos pasan y ellos permanecen", ha indicado, por lo que ha afirmado que el mejor gobierno no puede llevar a cabo una gestión eficaz si no cuenta con una buena administración. El experto ha indicado que el modelo de referencia es Francia y ha destacado que la Comunitat Valenciana "es pionera" con esta propuesta.
Díez días de plazo para evitar la eternización de los procesos
Otra de las novedades planteadas en el estudio consiste en lo que el informe bautizada como la regla de los diez días, cuyo objetivo es reducir a este periodo de tiempo todos los procesos relacionados con las oposiciones en su fase inicial: presentación de instancias, la publicación de listas de admitidos, subsanación y publicación de la lista definitiva. Además, se propone que todas las comunicaciones entre los órganos de selección y de gestión de los proceso selectivos y personas candidatas se haga de forma electrónica. El informe habla de regular vía reglamentaria los plazos del procedimiento de manera que se impongan plazos máximos para cada trámite.
El objetivo final es evitar que, como ocurre, en la actualidad el desarrollo de una oferta de empleo público se eternice, en ocasiones, hasta tres años. El análisis de la ejecución de veinte convocatorias de las ofertas de 2018, antes de la situación pandémica, arroja como resultado una media de 292 días desde la publicación de la oferta hasta la publicación de la convocatoria.
Otra de las propuestas clave será la exigencia al futuro personal empleado público de competencias digitales. Una acreditación que se basará en la homologación de o certificación de entidades académicas públicas o privadas o bien pruebas periódicas que realizará la futura Escuela Valenciana de Administración Pública.
Otra idea es la creación de un espacio web para poder consultar todo lo relacionado con las oposiciones. Además, dará opción a través de un motor de búsqueda a que el aspirante encuentre el proceso selectivo que más se ajuste a su perfil y formación. Potenciar la tramitación telemática y la campañas entre los jóvenes para captar talento joven son otras de las más de cincuenta propuesta contenidas en el informe.
