La sociedad valenciana envejece. Y todos queremos pasar el final de su nuestras vidas en casa, con los nuestros. Cualquier lector estará de acuerdo con estas afirmaciones; la buena noticia es que también lo están Conselleria de Igualtat, gerentes de residencias y directores de Servicios Sociales. Los planes de Mónica Oltra, desde que el Botánic llegó en 2015, son esos y la conselleria apuesta por ello con mucha inversión.
La idea es que las personas se queden en su casa el mayor tiempo posible, que sean atendidas a domicilio y no arrancarles de sus entornos hasta que no haya más remedio, además de fomentar su autonomía personal al máximo. También pasa por la transformación de las residencias en lugares lo más hogareños posibles, reduciendo unidades de convivencia y dando una mejor atención a las personas internas.
Eso es sobre el papel, pero en la realidad ¿Es posible este modelo? ¿Cuántas plazas de residencia necesitaremos en 10 años? ¿Qué conlleva en términos de presupuesto? ¿Cómo funciona la atención a personas mayores hoy en día, tanto en residencias como fuera de ellas?
El modelo es el deseable por la conselleria y todas las partes del sector, pero los datos dejan ver que el camino para conseguirlo está bastante escarpado. Ahora mismo la C. Valenciana tiene 28.800 plazas de residencia, dos de cada tres financiadas por fondos públicos. Pero según las estimaciones de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que utilizan el umbral del 5 % de la población deseable por la OMS, faltarían 23.000 camas en la C.Valenciana. Es decir, casi habría que duplicar el sistema. Para 2032, según las proyecciones de población del INE, serían necesarias 30.000 camas respecto a las que hay ahora. La inversión de la conselleria, a través del plan Convivint, es la de construir 34 nuevas residencias, lo que serían solo 3.400 plazas. Igualtat reconoce que harán falta también recursos privados para complementar a los públicos.
La apuesta decidida es la atención a domicilio, donde se está haciendo también una gran inversión, de 6,5 millones en 2015 a 35 en 2022 en atención domiciliaria, 11 millones en teleasistencia y aumento del 33 por ciento del presupuesto para contratar cuidadores profesionales, entre muchas otras partidas de Igualdad que suman 120.000 personas dependientes atendidas. Pero estas cifras son, hoy por hoy, engañosas, ya que, pese a querer potenciar la atención a domicilio, más del 70 % de esas personas están atendidas por sus familiares como cuidadores no profesionales, y no por trabajadores expertos, algo que la Plataforma por la Ley de Dependencia y los directores y gerentes de Servicios Sociales tildan como cuidados «low-cost».
De esa cifra, todavía sería necesario restar, ya que, como explica Sandra Casas, abogada de la coordinadora de plataformas de la dependencia, la mayoría de las ayudas no cubren las necesidades de estas personas. «Para un dependiente de grado 2 o 3 puede ser un cuidador que venga 70 horas al mes. Eso son dos horas y media al día, que no sirven ni de lejos para cuidar a esa persona», denuncia. La alternativa en muchas ocasiones es «una plaza en una residencia que puede significar 2.000 o 2.5000 euros al mes», sentencia.
Locomotora económica
Pese a las deficiencias en el modelo que se deben solucionar, Igualdad apuesta por él por otra razón que explica Rueda; «la inversión en dependencia puede ser una de las actividades con más retorno económico». Añade que «está bien que la C.Valenciana ponga las primeras piedras del modelo».
Así, según Rueda, «los cuidados a domicilio generan puestos de trabajo que no se pueden deslocalizar, e incluso podría servir para revitalizar pueblos y zonas rurales que pierden población con personal que se dedique a trabajar en los cuidados». Incluso, prosigue Rueda, «puede significar una integración social y laboral para tantas mujeres migrantes que trabajan en los cuidados en condiciones de precariedad absoluta».
Otro posible motivo para este modelo, y viendo las proyecciones de población, es que son cuidados fáciles y menos costosos. «No necesitas inversión en infraestructuras ni mucho material específico», cuenta Rueda. Además, como añade José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la C.Valenciana (Aerte), «desde que se proyecta una residencia hasta que empieza a funcionar son entre 4 y 5 años».
Pero las residencias, en cualquier caso, serán necesarias. «Cuando uno llega a un grado muy alto de dependencia ya son imposibles los cuidados a domicilio ¿Entonces qué hacemos?», cuenta Toro. En este caso entran los centros proyectados en el plan Convivint, que buscan otro modelo, donde sí que están surgiendo fricciones.
Igualdad plantea residencias en forma de estrella de cuatro puntas, con cuatro unidades de convivencia de 25 personas, una en cada ala de la estrella para hacer 100 internos. La idea es reducir los grupos para dar una mejor atención y más en forma de hogar. Aerte busca profundizar en ese modelo añadiendo puntas a la estrella para hacer los centros más rentables económicamente y aprovechar los servicios comunes que estarían en el centro de todas las alas. «¿Si vamos a montar unidades de convivencia de 25 personas, qué mas da que la residencias tenga 150 internos en lugar de cien?», se pregunta José María Toro.
"Las trabajadoras sociales somos prioritarias pero precarias"
«Las trabajadoras sociales somos una figura prioritaria en las residencias tras dirección y medicina, pero eso no se ve reflejado en los sueldos ni en las condiciones de trabajo». Ana es trabajadora social en una residencia valenciana. Por temor a represalias de su empresa no se ha querido identificar, pero sí relatar las condiciones de precariedad laboral que su sector afronta en muchos de estos centros.
Condiciones que no solo le afectan a ella. Ferran Senent, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, explica que, tras una consulta reciente, llegaron decenas de quejas de trabajadores por malas condiciones.
Un trabajador social solo tiene contratos de cinco horas semanales para 40 personas. El sueldo apenas supera los 1.000 euros «eso los que hacen 40 horas, que no es casi nadie», matiza Ana. Esas cinco horas «ya son insuficientes para hacer nuestras funciones», pero aún así, también deben hacer las labores de administrativo, dirección, coordinación y hasta crear actividades de animación para los internos. «Si quieres dar una atención mínimamente digna acabas haciendo horas extra sin cobrar», denuncia Ana, que critica que la conselleria debería aumentar en horas y ratios a los trabajadores de las residencias.
A estas dificultades laborales se les añade otra: «Muchas trabajadoras sociales encadenan varios centros para sumar 15 o 20 horas semanales como mucho. Pero muchas empresas del sector no te dejan trabajar para alguien de la competencia, así que se hace todo más complicado», lamenta Ana.
En muchos casos, para acabar con un contrato decente, acaban pluriempleadas. «Te rellenan las horas con labor de administrativa, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo tuyo pero por lo menos trabajas».
