El presidente del PPCV y jefe de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha cumplido su amenaza y ha llevado al Tribunal Constitucional el Fondo de Cooperación Municipal impulsado por la Generalitat. El recurso, presentado a través del grupo popular en el Congreso de los Diputados, se basa en la negativa de la institución que dirige Mazón a a aportar fondos a este plan y alega que obligar a la Diputación de Alicante supone atentar contra la autonomía financiera de las diputaciones provinciales-
El recurso establece que la Ley 5/2021 de la Generalitat Valenciana que regula el Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana vulnera la autonomía financiera de las diputaciones. “La Generalitat no nos ha dejado otro remedio al insistir en la vía de la imposición y vulnerar la autonomía local y provincial. La Diputación tiene su propio fondo, que dobla en cantidad al que propone la Generalitat y además es mucho más beneficiosa para los pequeños municipios, pero desde el Consell han evitado el diálogo y la coordinación imponiendo una ley para que se haga lo que ellos quieren sin consenso”, ha señalado Mazón en un comunicado del PP de Alicante.
El recurso presentado por el PP esgrime que la Generalitat exige a las diputaciones participar en el fondo “con los mismos criterios que el fondo estatal”, una de las claves en las que se basa el recurso para iniciar esta batalla judicial contra una ley que Mazón tilda de “injusta con los municipios más pequeños”, además de que “la ley valenciana no tiene que ver con la estatal”.
Sin precedentes en otras comunidades
El texto presentado ante el Constitucional establece que en ninguna de las comunidades autónomas de España se ha obligado a las diputaciones a entrar en el Fondo de Cooperación. Además, recuerda que la ley autonómica establece un criterio poblacional para el reparto de fondos, con lo que las ciudades se beneficiarían más de este fondo, contraviniendo así el objeto de las diputaciones que es ayudar a los municipios más pequeños.
El Partido Popular recalca así mismo que las comunidades autónomas pueden coordinar, como así recoge la ley autonómica, pero en ningún caso podrán inmiscuirse en las competencias de las diputaciones ni afectar a su gestión distributiva rompiendo sus previsiones de gestión presupuestaria. “El artículo 137 de la Constitución Española reconoce la autonomía de las diputaciones provinciales para la gestión de sus respectivos intereses”, recuerda el texto presentado ante el Constitucional por los populares.
Para el PP detrás de este fondo se esconde la estrategia del Consell de vaciar de competencias a las diputaciones. El propio presidente de la Diputación de Alicante compareció ante las Corts y la diputación alicantina y llegó a retirar las alegaciones del pleno intentando llegar a un acuerdo, pero la negativa del Consell siempre ha sido una constante, aseguran los populares. Cabe apuntar que también el dictamen del Consell Jurídic Consultiu puso pegas jurídicas a la ley de Presidencia. En concreto, dio pie a tres votos particulares.
