"Si el Tribunal Europeo reconoce los delitos de tortura a los fundadores de Comissions Obreres del País Valencià (CC OO PV) en los años 60 se declararía inconstitucional la Ley de Amnistía de 1977 que impide investigar los hechos y posibilitaría, no solo la investigación de los delitos de torturas, sino también supondría la reparación para querellantes y para todas las personas que lucharon por la libertad, les repondrían en derechos y libertades".
Es es el objetivo, según explica el abogado redactor del recurso Virgilio Latorre, que persigue CCOO PV, que ha presentado esta mañana en su sede de València, el recurso que interpondrán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las torturas a sus fundadores en la década de los 60 del pasado siglo y en el que se cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1977. Durante el acto ha intervenido, asimismo, Ana García Alcolea, secretaria general de CC OO PV y la Consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo.
"Fundamental para restaurar la verdad"
En caso de prosperar, ese recurso permitiría nuevas vías de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. "Es un recurso fundamental para la restauración de la verdad", ha añadido Latorre.
El régimen franquista añadió en los últimos años una represión que se centra en perseguir a las personas "que luchan por la libertad en una nueva línea de defensa: los sindicatos". Estas organizaciones, según ha explicado Virgilio Latorre, suponen en los años sesenta una fuerza novedosa para el régimen, que basaba su "seguridad nacional" con los Tribunales de Orden Público y la Brigada Política Social, "la que se encargaba de perseguir a los sindicalistas".
Las personas demandantes fueron sancionadas, despedidas, torturadas, encarceladas o exiliadas por defender salarios y condiciones de trabajo justas
El sindicato, junto a los once querellantes de dos sumarios que se remontan a los años 1968 y 1970, recurre al Tribunal de Estrasburgo ante la negativa de la justicia española y del Tribunal Constitucional a la admisión de denuncias por los referidos crímenes de lesa humanidad. Las personas demandantes fueron sancionadas, despedidas, torturadas, encarceladas o exiliadas por defender salarios y condiciones de trabajo más justos, fueron militantes de Comisiones Obreras del País Valencià y participantes en la que se considera su reunión fundacional, celebrada el 11 de diciembre de 1966 en la sede valenciana de la entidad Lo Rat Penat.
El recurso, presentado en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Constitucional, viajará ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "El último de los recursos sería el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU, pero tiene más limitaciones".
Hasta ahora, no se ha admitido ninguno de los recursos ante la causa por distintas razones. "No estamos hablando (que también) de las responsabilidades por los hechos, de respuesta punitiva, sino de un elemento anterior, el derecho a que se investigue y se conozca la verdad y se repare a las víctimas. Esa posibilidad de investigar ha sido rechazada", dice Latorre.
Los motivos: "Estaba prescrito porque había pasado más de veinte años; los delitos no estaban previstos en la legislación cuando se produjeron los hechos y la Ley de Amnistía imposibilita su investigación". La justicia europea es de aplicación directa, lo que significa que si se admitiera el recurso, el Congreso se vería en la obligación de revisar y cambiar ciertos artículos de la Ley de Amnistía del 1977.
La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha considerado "histórico" que se puedan declarar nulas "ciertas cláusulas de la Ley de Amnistía" y que se pueda abrir la puerta a juzgar crímenes de lesa humanidad en España. "Es un acto de Justicia histórica, lo hacemos por el presente y por el futuro, porque es necesario que se sepa lo que pasó en este país durante la dictadura. Se torturó y encarceló a sindicalistas por defender a los trabajadores, por exigir salarios justos, convenios colectivos, condiciones dignas de trabajo, derecho de asociación, derecho de reunión y huelga. Ya está bien de ocultar lo que ocurrió en este país", ha subrayado.
Por su parte, Rosa Pérez Garijo, consellera de Calidad Democrática, ha lamentado que en los últimos años "las instituciones han puesto en marcha políticas de desmemoria", pero que el Gobierno al que representa apoya este recurso con la confianza de que pueda abrir un camino para acabar con la impunidad del franquismo, que es una anomalía democrática". Sin ello, ha dicho, "no puede haber una democracia de calidad".
Detenidos por organizarse y luchar por mejores condiciones
Concretamente, CC OO alude a la detención de 36 trabajadores en noviembre de 1968, que recibieron interrogatorios y torturas por 23 miembros de la Brigada Político Social de València y Sagunt. Tras su ingreso en prisión, los detenidos fueron procesados por la Jurisdicción Militar y acusados de un supuesto delito de rebelión militar. Además, 19 de ellos denunciaron desde la cárcel en cartas manuscritas dirigidas al titular del Juzgado Militar las torturas de las que habían sido objeto, como corrientes eléctricas, que les aplicaron atados a una cama metálica.
El segundo sumario se sitúa en octubre de 1970, cuando la Brigada Político Social desató una nueva operación contra CCOO, en este caso contra 16 trabajadores de distintas empresas del metal (como Macosa, Elcano y Unión Naval de Levante), entre los que se encontraban una mujer y dos sacerdotes. Se les detuvo encañonándolos con una pistola a la salida de una reunión en las Escuelas de San José a donde habían acudido para debatir el convenio del metal.
Víctimas de un sistema represor todavía impune
Todos tienen nombres y apellidos. Algunos, ya fallecidos, continúan la lucha a través de sus hijos e hijas, que perseveran en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación.
Del primer sumario, César Llorca Tello (recientemente fallecido), Julián Antonio López Martínez y Enrique Gardó Mañez sufrieron en persona los delitos objeto de la querella, y Vladimir Bataller Rodríguez, Carlos Antonio y Mercedes Boïls Rodríguez, Francisco Serrano Vidal Giménez, María de la Concepción Fondo García y Aurora del Alcázar Zaragoza representan a sus padres Daniel Bataller López, Salvador Boïls Conejero, Francisco Serrano Gímenez, José Fondo Viana y Eduardo del Alcázar Zambrano, todos ellos ya fallecidos.
Los querellantes del segundos sumario, de 1970 son Ángel Ramón García Aparicio, César Mañas Escusa y Daniel Girva Manuel, sufrieron en persona los delitos objeto de la querella.
