"Excesivos retrasos", "voluntarismo estéril" o "situaciones inaceptables". Son algunas de las frases con las que el Síndic de Greuges reprocha en su Informe Anual 2021 a la conselleria de las dificultades de acceso sobre la renta valenciana de inclusión. Porque pese que el año pasado hubo un 30 % menos de quejas que en 2020 (de 387 a 269), para el defensor del pueblo valenciano siguen "concitando un significativo número" (el 10 % de las totales), un problema por el que le pide al departamento de Mónica Oltra "un examen exhaustivo sobre la idoneidad de los modelos de intervención".
"Muchos de los problemas que se denunciaban en 2020 han continuado manifestándose", expresa el documento entregado por Ángel Luna a las Corts de manera genérica por lo que pide "una reflexión profunda" sobre su naturaleza y "la necesidad de abordar cambios que permitan su solución". En total, son 4.125 quejas las recibidas en 2021, un centenar más que en 2020, además de una veintena de oficio. Entre estas quejas, destaca los problemas burocráticos a la hora de solicitar ayudas públicas.
"No resulta aceptable contemplar un recorte de los derechos reconocidos", indica el texto, forzado por "la mala administración" y la "incapacidad de las administraciones para satisfacer" estos derechos. Y aunque menciona la falta de financiación y las protestas por falta de medios, el síndic incide en que el problema quizás no es la falta de personal sino "el sistema estático y poco eficaz de gestión de los recursos".
Fuentes de la conselleria señalan que las quejas sobre Políticas Inclusivas han descendido un 18 % respecto al 2020
La renta valenciana de inclusión es la prestación sobre la que más problemas detalla. Sobre esta apunta retrasos, exceso de carga burocrática, problemas en los trámites informáticos, mala gestión de los recursos administrativos y no hacer caso a las propuestas de cambio hechas por la entidad. "Resulta inexcusable concluir que se debe abordar una revisión de los procedimientos de gestión de estas prestaciones", dice el órgano fiscalizador sobre ella, algo que, agrega, se ha propuesto desde la institución "sin éxito".
En su análisis, aplaude el "considerable esfuerzo" de la Generalitat por incrementar las dotaciones económica, pero reclama al departamento autonómico un "juicio de eficacia sobre el diseño de los procedimientos administrativos implantados", se pregunta si la conselleria hace "un seguimiento de los retrasos provocados en la parte de la tramitación" así como si toma "alguna medida para que se cumplan los plazos legales".
Entre los puntos en los que ahonda dentro del procedimiento está la participación de los ayuntamientos a los que, indica, les ha delegado "partes de la gestión", pero sin "capacidad de decisión". Este reparto de tareas pero manteniendo "el control y la decisión sobre todas las partes del proceso" de la conselleria suponen para el síndic "una mayor carga burocrática y una extensión del tiempo de tramitación en detrimento de la urgencia de las necesidades de tantos ciudadanos".
El informe critica que Vivienda pretenda que los demandantes permanezcan atentos a las convocatorias del Diario Oficial para recibir ayudas al alquiler
Servicios Sociales es el área sobre las que más quejas se han admitido a trámite en 2021 por parte del síndic, más de un tercio de las totales (1.040 de 2.862), con las ayudas a la dependencia a la cabeza (435, un 15 % de todos los requerimientos). Sin embargo, en la conselleria hacen un balance positivo de la evolución. Así, señala que se han reducido un 18 % el total de protestas sobre la gestión de Políticas Inclusivas y aumenta hasta el 28 y el 30 % en dependencia y renta de inclusión.
No obstante, estas no son las únicas quejas que han llegado hasta la Sindicatura ni las únicas materias sobre las que se incide en el informe. En este sentido, el balance anual hace una especial referencia hacia los problemas en el ámbito sanitario. Especialmente en los relacionados con la covid. Habla de "persistencia de desajustes e insatisfacciones" que "carecen de justificación tras casi dos años" de pandemia" y del "colapso del funcionamiento" de los centros de salud.
La atención primaria es el flanco sobre el que más incide en estos problemas. Señala así la "falta de capacidad de respuesta" cuando había "necesidad inmediata y urgente de contactar con los profesionales sanitarios", apunta a "momentos de desamparo" y "sensación de abandono de los servicios elementales". También deja patente la "grave situación de estrés entre los profesionales que ven sobrepasada su capacidad de trabajo" y califica de "especialmente penosos" los problemas durante la sexta ola de ómicron por lo que pide "refuerzos necesarios" y "cambios indispensables".
También aparecen mencionados problemas en materia de vivienda, señalando las dificultades para el registro de demandantes de vivienda pública y que la conselleria en vez de facilitar una ayuda para el alquiler de manera subsidiaria "pretende que los demandantes permanezcan atentos a las convocatorias del Diario Oficial".
