Los principales partidos valencianos están sufriendo en sus entretelas la emergencia energética y climática, interconectadas entre sí. La presión de soluciones al alza de precios de la factura de la luz ha aflorado diferencias de criterio y contradicciones que hasta ahora se masticaban en silencio. Se ha visto en todo lo que ha envuelto el decreto ley del Consell para agilizar la instalación de plantas fotovoltaicas en territorio valenciano.
La citada normativa tiene su razón de ser por la dificultad de sacar adelante centenares de proyectos presentados: un total de 315 están en trámite, según la Generalitat. Además de la carencia de personal, una de las razones de esta situación han sido las dudas ideológicas entre altos cargos sobre estas instalaciones y sus efectos en el paisaje.
Como publicó este diario, mientras la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha defendido públicamente los proyectos de renovables para reducir la dependencia de energías fósiles y nuclear y acercarse a los objetivos de la Agenda 2030, las responsables de Compromís (la coalición de Mollà) que tenían que validar los planes en la Conselleria de Política Territorial (con titular del PSPV) frenaban su aprobación. Esto sucedía mientras Més (antiguo Bloc, la principal masa social de Compromís) impulsaba resoluciones políticas en las que expresaba críticas a las instalaciones foltovoltaicas y pedía un mayor poder de los municipios para aceptarlas.
Este trasfondo hizo que la negociación del decreto entre los socios del Botànic se complicara. El acuerdo llegó in extremis la noche previa al pleno del Consell del pasado día 1. Los ayuntamientos mantienen capacidad de decisión, pero ahora han de «objetivar» los argumentos para rechazar una planta solar o eólica en su terreno. Las de competencia autonómica son siempre inferiores a 50 megavatios. Las de más potencia quedan en el terreno de la legislación estatal. El contexto está impregnado de matices que requieren cirugía fina. Se trata en definitiva de grupos progresistas y ecologistas con diferencias sobre la energía verde. La clave es la afección al paisaje de estas plantas. Quien se ha desgañitado en la defensa de la implantación rápida de las energías alternativas ha sido el president de la Generalitat, Ximo Puig, que se comprometió asimismo a tramitar sin demora el decreto ley para agilizar estos proyectos. Su argumento es que la soberanía energética es fundamental para el control de precios de la energía, no produce residuos, como la nuclear, y se trata de un recurso reversible, que se puede retirar en el futuro sin que deje secuelas en el entorno.
Los casos de Colomer y Pons
Sin embargo, también en el PSPV hay voces que desde hace tiempo han cuestionado las instalaciones de renovables. La más representativa, la del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. El alto cargo se manifestaba hace un año a favor de «preservar el paisaje» cuando diversos alcaldes de la Costera y Terres dels Alforins se posicionaron contra los proyectos de plantas solares por su afección a esta zona vitivinícola.
Tampoco el PPCV está libre de posiciones discrepantes en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y el medioambiente. El partido se ha postulado con firmeza a favor de la ampliación norte del puerto de València frente a Compromís, pero el principal valor hoy en Génova de los populares valencianos, el eurodiputado Esteban González Pons, ha cuestionado ese criterio.
Al menos, así lo hacía antes de regresar a la cúpula estatal del partido. En abril del año pasado publicaba en redes sociales: «El puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para València y reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas».
El plan del puerto es el gran tema económico actual en la ciudad. Este no abre (que se sepa) heridas internas entre los partidos gobernantes, pero enfrenta abiertamente a PSPV con Compromís y Unides Podem.
Tránsito de ‘ecopolíticos’ entre fuerzas de la izquierda
El tránsito de políticos «verdes» entre la izquierda es otra de las características de los últimos años. El primer secretario autonómico de Medioambiente del Botànic, Julià Àlvaro, accedió al puesto con Compromís, salió por sus diferencias con la consellera, Elena Cebrián (hoy alto cargo por el PSPV), y en la actualidad es cargo de la vicepresidencia segunda por Unides Podem. A su vez, María Diago fue directora general por Podem y hoy está en la ejecutiva del PSPV.
