La reunión de la consellera Justicia, Gabriela Bravo, con la Coordinadora Feminista de València y la Associacioón Alanna de Mujeres Víctimas de Violencia de Género ha arrojado una serie medidas para mejorar la respuesta de la Generalitat Valenciana ante los casos de violencia de género.
Desde la administración han propuesto a las organizaciones de las víctimas de violencia de género abrir una agenda de trabajo para marcar una serie de reuniones mensuales en las que se hará seguimiento de los problemas que van advirtiendo respecto a la protección de las víctimas de violencia de género para contribuir a la mejora de todos los recursos de la administración de Justicia: "Es muy importante esa línea de trabajo que vamos a abrir dado que la Coordinadora Feminista no está presente en las reuniones de coordinación institucional constituidas, como las comisiones provinciales de coordinación contra la violencia sobre la mujer que convocan los jueces a través de las presidencias de las audiencias provinciales", apuntan desde Justicia.
Entre las reivindicaciones, también se ha fijado un turno específico y exclusivo de violencia de género de asistencia jurídica gratuita para la atención a las víctimas. También se han propuesto una serie de cambios legales y protocolos para mejorar los procedimientos y tomas de decisiones en el ámbito judicial, además de plantear la presencia de los fiscales en las comparecencias.
Asimismo, las entidades feministas también han pedido una posición más activa del Ministerio Fiscal porque «no se puede valorar a las víctimas en la distancia». Los recursos existentes como la plataforma Siraj, en la que están volcadas las resoluciones de violencia de género y otras resoluciones que afectan contra la integridad física o sexual, deberán ser obligatorios.
Otra de las peticiones ha sido un mayor uso de las unidades de valoración forense del riesgo (en 2021 de 30.000 asuntos se pidieron valoración integral en un 12% de los casos). La valoración que se incorpora al atestado es la valoración policial mientras que la valoración forense del riesgo valora se basa fundamentalmente en la información de la víctima, clave para determinar la situación de vulnerabilidad tanto de la mujer como de sus hijos.
Por otro lado, el Ministerio de Igualdad no descarta la creación de una alerta que informe de forma automática a los juzgados de familia de los casos en los que existe una orden de alejamiento, evitando así que ocurran crímenes machistas como el del niño de 11 años de Sueca, presuntamente asesinado por su padre, condenado por violencia de género, durante el régimen de visitas, como publicó Levante-EMV.
Victoria Rosell, delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, explicó ayer que desde diferentes instancias se ha reclamado la puesta en marcha de este sistema de «alerta automática» en los servicios del sistema procesal cuando una de las partes tenga en vigor una orden de alejamiento.
Acceso cuando "hay diligencia"
Sin embargo, Rosell descarta obligar por ley a los órganos judiciales acceder al sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj), ya que, según ha indicado, ya existe el "deber de diligencia debida" que permite a los profesionales del sector darse de alta y tener acceso a las plataformas de información. A su juicio, cuando «hay diligencia» hay "una obligación de acudir» a estos datos a los que, según insistió en su intervención, «todos los órganos judiciales tiene acceso" y, además, tardan "tres minutos" en obtenerlos.
