Anpier reivindica modelos de generación distribuida para acometer una transición energética justa

Las energías renovables, la cogeneración y residuos, el acceso y conexión, la definición de proyectos, las comunidades energéticas, el pulso de los mercados, la comercialización o el autoconsumo son, ante la evidencia axiomática, la piedra angular del desarrollo socioeconómico.

Uno que, ineludiblemente, se debe acometer bajo la premisa de la sostenibilidad. No obstante, el camino hacia esa ansiada transición ecológica genera tantos retos como oportunidades.

Abordarlos, en el marco de la generación de energía fotovoltaica, fue la premisa en la que se sustentó el encuentro «Presente y futuro de la fotovoltaica en la Comunitat Valenciana». Organizada por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), la cita reunió a decenas de personas —entre las que se encontraban algunas de las denominadas «familias pioneras»— el pasado 23 de mayo en la Sala Ausiàs March de la Fundación Bancaja.

¿El atractivo? Una mesa de ponentes de excepción integrada por Empar Martínez Bonafé, que debutó como nueva secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo; Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier; Lluís Calatayud Pla, delegado de la entidad en la Comunitat Valenciana; y Ángel Escribano, abogado especializado en desarrollo fotovoltaico.

Recortes: el punto de partida

En 2008 dio comienzo, como recordó el presidente de Anpier, un «proyecto ilusionante e innovador» que, pese a dichos atributos, no estuvo exento de controversia. Para impulsar la transición ecológica, Europa decidió invertir en la creación de plantas fotovoltaicas como solución de futuro y, «obedeciendo la recomendación del Gobierno», recalcó Calatayud, 62.000 familias —en torno al 11 % fueron valencianas— se convirtieron en productoras de dicha energía.

Son los pioneros, un pequeño grupo poblacional que «permitió desarrollar este sector en España», pero que pagó, a cambio, un alto precio de aprendizaje. En concreto, más de 25.000.000 millones de euros.

Como denuncian desde Anpier, la inversión «astronómica» se ajustó al precio marcado por el mercado —diez veces superior al actual— y, tras esta, alegan recortes generalizados en la subvención de producción por hora, así como la atribución de un índice de rentabilidad «inventado».

Nueve cambios normativos no han logrado resarcir el recorte retroactivo acumulado de hasta el 30 % del ingreso originario, al que se añade el impuesto de generación de energía fotovoltaica, que asciende al 7 %.

«Es vital, desde el punto de vista patrimonial, que se resarzan los recortes institucionalizados, esas familias pioneras tuvieron que rehipotecar todos sus bienes», evidenció Martínez-Aroca, «las nuevas instalaciones fotovoltaicas se enfrentan al riesgo de no saber a qué precio van a obtener la energía generada, pero los productores originarios, además, a la incertidumbre regulatoria».

Así, desde Anpier solicitan una extensión de cinco años de la vida retributiva que, como tildaron, disminuiría la pérdida adquisitiva de estos primeros productes y supondría «un balón político de valor incalculable».

«Especulación» y adaptación normativa

Voluntad política para abordar el presente y futuro del sector energético fotovoltaico, sin perder de vista el contexto previo, parece no faltar y, en este punto, existe consenso entre Anpier y la Administración.

Así, la nueva secretaria autonómica de Economía no solo manifestó la predisposición del Govern de propulsar proyectos de parques pequeños de hasta 10 MW, sino que desglosó los puntos más relevantes del Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania y las modificaciones del Decreto Ley 14/2020.

Desde la reducción y, en algunos supuestos, eliminación de tasas hasta la estipulación de los condicionantes que habilitan la suspensión de licencias de proyectos fotovoltaicos ya aprobados, las normas, si bien no resarcen la totalidad del impacto, sí lo mitigan.

Persiguen, incidió Martínez Bonafé, agilizar la tramitación a través de la creación de puestos específicos de trabajo para dicho fin y constituyendo, entre otras acciones, «un nuevo procedimiento específico integrado como un valor, un auténtico órgano sustantivo de gestión informativa y burocrática».

Una de las novedades más significativas es la modificación del tercer artículo del DL14/2020 sobre la declaración de prioridad energética y climática. Se estipula la tramitación de urgencia y la compatibilidad territorial y urbanística, así como la exención de los límites porcentuales de ocupación del territorio y un incremento del canon de hasta el 50 % de ámbito municipal.

Además, son necesarios los informes sectoriales ambientales agrológicos y paisajísticos sobre afecciones determinadas. En este sentido, la secretaria autonómica fue taxativa: «En algunos municipios se ha generado una protesta social, desde mi punto de vista injustificada. Que se solicite un proyecto no quiere decir que se autorice, existen controles para garantizar el respeto al patrimonio».

Y es que, agregó, «para que la transición energética sea factible, es necesario preservar el patrimonio de forma transversal».

La perspectiva, ante la nueva adaptación normativa, parece esperanzadora. Los datos auspician la expectativa, pues de las 361 instalaciones que actualmente se encuentran en tramitación y que suman una potencia total de 5.477 MW, 328 corresponden a tecnología fotovoltaica —83,7 % de la potencia—.

Además, de esas más de 320 instalaciones, más del 56 % son de potencia inferior a 10 MW. No obstante, Anpier advierte: se está generando una burbuja en el sector fotovoltaico que podría acarrerar graves consecuencias.

Generación energética distribuida

Uno de los aspectos que valoró positivamente Anpier respecto al nuevo Decreto Ley 1/2022 es que todos los agentes, incluidos los productores, financiarán el bono social. Aun así, desde la entidad evidenciaron cierto escepticismo respecto a algunos preceptos contemplados en la norma, pues consideran que se está «cociendo» una burbuja en torno a las renovables «de tamaño descomunal».

En este sentido, el presidente de Anpier instó a repensar qué modelo de industria fotovoltaica se persigue, si uno de grandes parques que potencien, más si cabe, las economías de escala o, por el contrario, pequeñas instalaciones sostenidas.

La hoja de ruta, defendieron, la fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece los índices que necesita el país para acometer la transición energética. «El plan refleja que 40.000 GW serían suficientes, pero en España se barajan proyectos de hasta 120.000 GW. El país no necesita tanta potencia y, además, no tenemos interconexiones suficientes con Europa», evidenció Martínez-Aroca. 

«Nos dirigimos hacia una ruina ante el desplome de los precios tras el auge de proyectos o hacia una burbuja especulativa de la industria fotovoltaica», agregó. En este sentido, especificó Calatayud, desde Anpier son muchas las iniciativas que se emprenden para revertir esta y otras tendencias «graves».

Una de ellas es la presentación del APL que establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Dicho fondo pretende asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, que asciende a 7.000 millones de euros anuales.

Otras líneas de actuación de Anpier son el refuerzo de los servicios y atención al socio, la ampliación de la vida útil retributiva previamente mencionada o, entre otras, el anclaje del 7,39 % de retribución durante el último periodo regulatorio. Pero, ¿cuál es la perspectiva futura del sector más allá del ámbito normativo?

El letrado Escribano enumeró las oportunidades intrínsecas del mismo, como los proyectos de generación distribuida que no solo combaten la burbuja especulativa ya referenciada, sino que permiten socializar el sistema energético.

El autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas locales son, en este sentido, soluciones posibilitadoras de un reparto dinámico de la energía cuyo mayor beneficiario es la ciudadanía. Los fondos Next Generation —con una inyección de capital de 140.000 millones de euros— son, como esgrimió Ángel Escribano, «una muy buena oportunidad para desarrollar estos pequeños proyectos».

Del mismo modo, expuso que los parques de 5 MW mejoran la integración paisajística, son menos dañinos medioambientalmente, presentan cercanía respecto a los puntos de consumo e implican una menor pérdida de energía en su transporte.

Además, fomentan el desarrollo local, económico y social y combaten la dependencia energética de fuentes externas. Para ello, alertó, se precisa que un porcentaje de la red de distribución se reserve a la fotovoltaica, ya que la capacidad de volcado es limitada.