El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha aceptado por unanimidad la petición realizada por la acusación popular del PSOE y apoyada por la Fiscalía Anticorrupción de apartar al juez Joaquín Delgado del tribunal que juzgará al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps por la pieza de los contratos menores con la empresa Orange Market del caso 'Gürtel' por haber ejercido altos cargos con el PP.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Pleno ha apreciado en el caso de Joaquín Delgado las circunstancias descritas por el artículo 351.f de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por el que los jueces que "sean nombrados para cargo político" al volver a sus puestos deberán abstenerse, o podrán ser recusados, de intervenir en asuntos en los que sean parte partidos políticos o "aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

De esta forma, han aceptado la recusación formulada por la acusación popular que ejercen las ex diputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno contra Delgado para que fuera apartado del tribunal encargado de juzgar "la presunta adjudicación irregular de contratos administrativos desde la Generalitat de Valencia durante los años en que el PP, con Francisco Camps a la cabeza, ostentó el Gobierno de esa comunidad autónoma".

Por otra parte, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también ha rechazado el recurso de súplica presentado por la defensa de Francisco Camps para esquivar el juicio que comenzará el próximo 17 de enero y se alargará hasta el mes de mayo. La recta final del juicio coincidirá con las elecciones municipales a las que Camps aspiraba a presentarse como alcaldable de València. El expresidente de la Generalitat solicitaba en su recurso de súplica la nulidad de las actuaciones contra él en esta pieza del caso Gürtel que se reabrió en 2018 (tras las confesiones de sus antiguos colaboradores en otro juicio de la Gürtel) para realizar una instrucción suplementaria y procesarlo por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.

Los tres magistrados que suscriben el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, responden a Camps que no entran "en el fondo de la cuestión debatida" porque "no puede pretenderse en este momento procesal dictaminar sobre el alcance de la imputación del recurrente" porque "provocaría que el tribunal conociera de los elementos esenciales del proceso antes del inicio del mismo". Y recuerdan a Camps que "una vez señalado el juicio oral, la sala no puede pasar por alto en este momento procesal todas las acusaciones vertidas sobre el enjuiciado y disponer en este momento de una suerte de antejuicio exculpándolo y liberándolo del juicio oral, en una suerte de retroacción de actuaciones procesalmente no prevista en las leyes procesales". La decisión es firme y contra ella no cabe recurso.

Respecto a las conexiones entre el magistrado apartado, Joaquín Delgado, la acusación popular destacaba que existían "varias conexiones de hecho entre el magistrado y aquella formación política", en rerefencia al PP. "Una vez más, estamos ante un proceso penal en el que entre los acusados tenemos a personas que en su día ocuparon puestos muy relevantes tanto en la administración pública como en el organigrama jerárquico del Partido Popular", alegaban.

Así, recordaban que Delgado fue asesor del Ministerio de Justicia siendo su titular José María Michavila y director general del mismo ministerio ya con Rafael Catalá como su máximo responsable, cargo del que además subrayaban que cesó como consecuencia de la moción de censura que propició la caída del Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de una sentencia de 'Gürtel'.

La acusación popular ejercida por Ninet y Moreno aclaraba que no se trata de cuestionar las "afinidades políticas" de Delgado, "sino de la percepción de la posible parcialidad de un magistrado en cuya ascendente trayectoria profesional ha tenido suma importancia el Partido Popular".

A este respecto, esgrimían que "no se puede obviar que se trata de una pieza separada de una causa de enorme interés para el PP, pues el reguero de sentencias que condena a cargos públicos y orgánicos de este partido, incluso al propio partido, ya sea como responsable civil subsidiario o como partícipe a título lucrativo, resulta cuando menos incómoda y preocupante para sus actuales dirigentes por mucho que intenten decir que se han renovado y que esto forma parte del pasado".

Con todo, expresaban "serias dudas sobre la apariencia de imparcialidad de este magistrado para actuar libremente en este caso", recalcando que el hecho de que una sentencia de 'Gürtel' provocara la "precipitada salida" de Delgado del Ministerio de Justicia "puede haber generado animadversión hacia la causa y hacia los participantes en la misma", dado que "ha tenido efectos directos sobre su carrera profesional".

La imagen de la Justicia

Aducían asimismo que en esta pieza número 5 de 'Gürtel' se juzgará "a quien fue presidente del PP de València [en referencia a Francisco Camps], y no cualquier presidente, sino uno de los que prestó su apoyo incondicional al presidente nacional cuando se discutía internamente su liderazgo, que consolidó precisamente en el Congreso de València".

"En 'Gürtel' se investiga y juzga un periodo temporal que incluye mandatos del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también como presidente del Partido Popular, y para ello fue fundamental el apoyo recibido del señor Camps", resaltaban.

En consecuencia, advertían de que mantener a Delgado como miembro de este tribunal "generaría serias dudas sobre nuestro sistema judicial y daría pábulo a las consabidas frases populares sobre el distinto trato que reciben los encausados dependiendo de su posición y relaciones".

Respaldo de la Fiscalía Anticorrupción

Las fiscales Pilar Santamaría y Concepción Nicolás apoyaron la iniciativa socialista en tanto que Delgado "ha sido nombrado para altos cargos del Gobierno del PP a propuesta de ministros del citado partido". Un hecho de especial relevancia, apostillaban, cuando en esta "pieza se enjuician numerosos altos cargos de la Administración de la Generalitat Valenciana y del Partido Popular en los años 2004 a 2009".

Además, las fiscales recordaban que la situación de Delgado es "coincidente" con la de otros dos magistrados que ya fueron recusados con anterioridad en otras piezas separadas del caso 'Gürtel': los jueces Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González.