Los avances son enormes respecto a la ley de 2007. Pero se queda «tibia», a medias. Es la opinión de las 52 asociaciones memorialistas de la C. Valenciana agrupadas en CAMDE-PV sobre la nueva ley de memoria del Gobierno, que llegará pronto al Congreso para su debate y aprobación tras la inclusión de enmiendas. Las organizaciones memorialistas de todo el territorio se reunieron ayer para valorar las propuestas y todos coinciden en lo mismo: el reconocimiento moral está bien, pero quieren reparación «en los tribunales», un camino que el texto deja cerrado.
«Que un diputado nos pase la mano por el hombro diciendo que está con nosotros ya no nos vale», dice Dolores Cabra, secretaria general de la Asociación Guerra y Exilio y archivera. Las víctimas quieren justicia.
Pero no todo son críticas, Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, reconoce el salto enorme que esta ley ha supuesto para el reconocimiento de la memoria democrática: crea una oficina de víctimas, un mapa de fosas, un banco de ADN para los bebés robados, prevé infracciones, retira títulos nobiliarios y prevé nuevos lugares de memoria, entre muchas otras medidas. La gran crítica es que no deroga la ley de Amnistía de 1977, pero recuerda a los poderes públicos la necesidad de interpretarla «conforme al Derecho Internacional Humanitario». Alonso remarca que la elaboración de la ley ha pasado por un proceso de consulta y escucha activa con asociaciones memorialistas de toda España durante casi cinco años.
Otras organizaciones, como Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme al País Valencià, no la ven de esa manera. Aunque remarcan el avance, dicen que el reconocimiento de la verdad es «parcial e interesado porque sigue invisibilizando, y con ello protegiendo, a los victimarios». En cuanto a la justicia, lamentan que se cierren los tribunales y no se garantice el derecho a tutela judicial efectiva a las personas que sufrieron «graves violaciones de Derechos Humanos». La reparación es, para ellos, «en el terreno moral y no jurídico».
"Hay grandes investigadores en España que han hecho cosas estupendas y necesitan que se abran los archivos para contar la verdad", dice Dolores Cabra
Vicente Carrasco, de la Comisión Cívica de Alicante para la recuperación de la Memoria Histórica dice que «mejora clarísimamente la ley de 2007 y tenemos que aplaudirla». Pero al mismo tiempo «no acoge la nulidad de sentencias, que es algo que peleamos desde hace décadas». Por otro lado también critica la ambigüedad respecto a que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad denunciados. «Es una reparación más administrativa que realmente profunda, en el tema legal», insiste.
Para Carrasco, habría que tratar igual «a las víctimas del terrorismo y a las del franquismo. Es verdad que son momentos que no tienen nada que ver, peor las víctimas son víctimas, y merecen el mismo trato», continúa.
Para Cabra, hay urgencia en que estas enmiendas se incluyan ya que «queda un año para las elecciones y no sabemos qué pasará». «Nos hemos coordinado y trabajado durante muchos años, con un esfuerzo enorme y ahora te encuentras con esto», sentencia.
"Abrir los archivos es prioritario"
Cabra es archivera de profesión y considera «prioritario» que se abran los archivos de la época: tanto de la ley de secretos oficiales como los que hoy siguen en manos de militares sin acceso para civiles.
«Lo de los archivos es tremendo. Hay grandes investigadores en España que han hecho cosas estupendas y necesitan esos datos para contar la verdad, que se recoja en los libros de historia y después en los libros de texto», dice Cabra. La situación es -remarca- muy grave.
Y usa como ejemplo el reconocimiento a los guerrilleros en el año 2001, a quienes ella acompañó en la tribuna del Congreso. "Los diputados nos dijeron que si aceptábamos que fueran considerados ‘luchadores por la libertad’, que era el primer punto de la moción, debíamos renunciara a que se debatieran los otros dos puntos de la moción: traslado y apertura de los archivos que contienen documentación de la guerrilla antifranquista a los archivos históricos, y a las compensaciones económicas", denuncia.
