El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo acogerá el próximo 8 de septiembre el debate sobre las dos quejas acumuladas por "los casos de abusos a menores tutelados por la Generalitat Valenciana". La primera queja la presentó la diputada del PP en las Corts, Elena Bastidas. La segunda petición está suscrita por la abogada del Partido Popular del distrito de Abastos, Ana María Gil Jiménez. El debate se ha adelantado al mes de septiembre a petición del europarlamentario de Vox, Jorge Buxadé.
Ambas peticiones relatan los mismos hechos. Solicitan "la intervención de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos públicos de la comunidad autónoma (en referencia a la Generalitat)" ante lo que ambas responsables del PP consideran una "actitud laxa y dejadez de las autoridades regionales y nacionales españolas al respecto".
En la petición de Bastidas y Gil Jiménez exponen "una serie de casos de delitos de abusos sexuales a menores tutelados en centros públicos dependientes de la Generalitat". También señalan "como elemento común la laxitud de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones de supervisión, así como su falta de diligencia en lo relativo a la investigación y control de tales hechos una vez presentadas las denuncias". Entre estas causas se incluía la de la menor que sufrió abusos por el monitor Luis Ramírez Icardi, exmarido de la exvicepresidenta, Mónica Oltra, investigada por estos hechos junto a once funcionarios de la Conselleria de Igualdad y dos trabajadoras del Centro Niño Jesús, donde se cometieron los abusos.
La Comisión Europea respondió sobre este asunto que "no puede intervenir en casos individuales, por lo que corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar el respeto y la protección efectivos de los derechos fundamentales, de conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la reparación debe buscarse a nivel nacional". Previsiblemente esta es la postura que mantendrá en el debate del próximo 8 de septiembre. El ejecutivo comunitario sí recordó al ser interpelado sobre esta cuestión, que la Comisión Europea "ha iniciado procedimientos de infracción contra 23 Estados miembros por transposición incorrecta de la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil". En el caso de España, "la transposición de la directiva ha dejado una serie de dudas sobre la conformidad". De hecho, en "en enero de 2019, la Comisión puso en marcha un procedimiento de infracción por transposición incorrecta de la directiva" al que sucedieron "reuniones bilaterales informales en 2019 y 2020" y la aportación de "información adicional en julio de 2021" por parte del Gobierno de España. Aunque, "la Comisión sigue supervisando el progreso de las cuestiones que quedan por aclarar". Y recuerda que "sólo puede intervenir ante los Estados miembros en el ámbito de los derechos fundamentales si se trata de una cuestión de Derecho de la Unión Europea. El funcionamiento de los organismos españoles de protección de la infancia está regulado por la legislación española".
