La patronal Aerte asegura que conselleria de Igualdad tiene una deuda de 50 millones con las residencias por el concurso de 3.300 plazas concertadas vencido en agosto de 2021. El contrato está prorrogado hasta que entre en vigorla nueva licitación de 7.100 plazas, que en está fase de adjudicación provisional y se espera que arranque el 1 de septiembre de 2022. "Es decir, con un año de retraso", ha asegurado su portavoz José María Toro.
El Concurso de plazas residenciales de personas mayores denominado “Licitación número CNMY16/18-18/52" es un servicio de 3.300 plazas residencias de mayores en la C. Valenciana. Según explica Aerte "fue el primero que llevó a cabo la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas". El concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, todavía no está listo, por lo que las entidades siguen prestando servicio sin contrato y mediante expedientes de resarcimiento (una figura empleada desde hace meses por Igualdad). Toro lamenta que hay contratos impagados desde noviembre de 2021 y que esta situación "está provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas".
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La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha asegurado que se reunió con la patronal hace dos semanas para tratar este tema. Por el momento defiende que tienen contabilizados 15 millones de deuda y esperan llegar a la mayor parte en las próximas dos semanas, en una deuda que conselleria contabiliza en "poco más de 45 millones".
En estos momentos conselleria está centrada en cambiar el sistema para qe a partir del mes de septiembre, cuando entra en vigor el nuevo contrato de 7.100 plazas, "no se repitan los impagos y no tengamos que recurrir a esa figura extraordinaria (la de los expedientes de resarcimiento)", aseguró Mas. La vicepresidenta ha prometido "estabilidad" para las empresas a partir de entonces.
Siguen las restricciones en residencias
Preguntada por los periodistas, Mas ha explicado que las restricciones sanitarias en las residencias van a continuar, en principio, hasta el mes de septiembre, y no se plantea flexibilizarlas como pedía la patronal. "Somos conscientes de que ya estamos llevando una vida prácticamente normal, pero hace muy poco estábamos en el pico de la séptima ola y creemos que todas las precauciones son pocas", ha dicho Mas. La vicepresidenta ha explicado que mantendrá una reunión con conselleria de Sanidad en el mes de septiembre para valorar entonces si flexibilizar las restricciones en las residencias de mayores.
Aerte, por su parte, critica que "muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios". Pese a las declaraciones de Mas, la patronal no confía en que se llegue a contabilizar la deuda y temen que los impagos se extiendan hasta el mes de septiembre.
Temor a llegar a septiembre
Este retraso en la contratación está provocando un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de Noviembre del 2021 en adelante. Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas. Por lo tanto, esta situación "no se debe a un problema de tesorería de la Generalitat Valenciana, sino a la deficiente gestión administrativa que impide formalizar los nuevos contratos y contabilizar las facturas que se generen hasta ese momento", lo que AERTE considera "inaceptable".
“Hay muchas facturas del mes de noviembre todavía sin pagar, lo que está provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas”, indica José María Toro.
El importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a unos 36 millones de euros, incluyendo el mes de junio, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en casi a los 50 millones, según cifra la patronal. Esta situación se está volviendo "insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia", reclaman.
“Aunque se han hecho algunos pagos, la situación general no ha cambiado. Estamos en la última semana de julio y, nos tememos, que lo que no se pague esta semana ya no se pagará hasta septiembre lo que dificultará el pago de las nóminas de este mes para muchos centros. La situación es insostenible” afirmaba el presidente de Aerte.