Un "pequeño fracaso". Un "parche". Es lo que opinan los geógrafos consultados por Levante-EMV sobre la reforma del Reglamento General de Costas de 2014 que permite, entre otras cuestiones mantener un máximo de 75 años las concesiones en terrenos de dominio público marítimo terrestre. Transcurrido ese plazo las construcciones deberán derribarse, tal como adelantó ayer Levante-EMV.
El catedrático de análisis geográfico regional en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, considera que "si el nuevo reglamento de Costas no va a revisar las concesiones de los 75 años que establece la ley [de Costas, en la reforma aprobada por el PP en 2013] es un pequeño fracaso porque las condiciones de cambio climático que se están viendo especialmente en la zona mediterránea con el aumento de la frecuencia de los temporales de Levante y los oleajes importantes obligaría a hacer una revisión de esos periodos concesionales". Los antecedentes registrados en los últimos con varios temporales sucesivos suponen una alerta, según Olcina. "El aminoramiento del riesgo frente a temporales y en definitiva frente al cambio climático en la costa mediterránea debería pasar primero por hacer una cartografía de detalle de cuáles son aquellas viviendas situadas en dominio público marítimo terrestre y que tengan ocupación permanente, que viva gente en ella". En estas viviendas son las primeras en las que "habría que actuar mediante acuerdos con los propietarios para realizar un canje de terrenos y liberar las primeras líneas de costa".
La Asociación española de Geografía y el Colegio de Geógrafos ya criticaron la anterior reforma "porque permitió una ampliación de periodos concensionales excesiva que nos lleva al final del siglo XXI sin tener en cuenta los efectos del cambio climático". Aunque la reforma del reglamento se ha hecho con la excusa de adaptarse a la ley de cambio climático "si permites tener una ocupación en una zona de alto riesgo como es el litoral mediterráneo frente a temporales de levante no hemos hecho nada", advierte Olcina.
Sobre el nuevo Reglamento de Costas, la catedrática de Geografía Físca, Eulalia Sanjaume, una de las mayores conocedoras del litoral mediterráneo, asegura que no se acaba de creer todo lo que dice el documento. "Es evident que no se puede estar constantmente defendiendo edificios y otras obras antropizadas, pero la culpa no es de los usuarios, sinó de los que permitieron llenar las playas ladrillo y cemento, porque en aquellos momentos los constructores hicieron mucho dinero y a los políticos el turismo local les beneficiaba".
Por último, el técnico consultor de ordenación del territorio, José Vicente Sánchez Cabrera, advierte que "el mar acabará reclamando sus escrituras, como aseguraba hace veinte años el catedrático de Geografía Eugenio Burriel". Sánchez Cabrera recuerda que con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se deben tomar decisiones adaptadas a cada territorio. "La ley y el reglamento son estatales pero la costa es diferente en cada territorio, lo que puede servir en València, puede fallar en Galicia. El criterio de franjas no da una adecuada respuesta de protección a los diferentes tipos de costa que tenemos en el País Valenciano o con situaciones urbanísticas muy concretas". Coincide con Olcina en que "deberían reducirse las concesiones y eliminar las que ponen en peligro a las personas, porque el interés general debe estar muy por encima de otro criterio, sin excusas ni justificaciones espurias". Y lamenta que "no se hable de mecanismos financieros para liberar la costa, sólo de regímenes regulatorios y situaciones excepcionales" y que el Gobierno no haya querido tocar los "chiringuitos. Suena a parche provisional. La costa necesita una mejor gobernanza con un sistema de gestión integral".
