Las viejas rencillas socialistas resurgieron ayer en la primera jornada de declaraciones de los acusados del caso Alquería. Y no será la última vez. El juicio comenzó ayer formalmente con la declaración del expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez. El actual alcalde de Ontinyent, que ya no milita en el PSPV, apuntó al exjefe de los servicios jurídicos de Imelsa-Divalterra, Jose Luis Vera, como el ideólogo de los contratos de alta dirección, que lo han sentado en el banquillo por presunta malversación. "Yo no conocía el concepto de contrato de alta direccion. Para mi era un concepto nuevo. Es el señor Vera quien comenta que se ha de utilizar este tipo de contrato. Los altos cargos quedaban así ligados a los gerentes y no podían ser personal fijo ni engordar la estructura. También percibirían el mínimo legal en caso de despido. La primera vez que oigo el contrato de alta dirección lo oigo por boca del señor Vera", declaró Rodríguez a preguntas de su letrada, la única que interrogó en la primera jornada del juicio.

José Luis Vera es un abogado vinculado históricamente al PSPV-PSOE actualmente investigado en el caso Azud por su participación como presunto "conseguidor" de negocios para el empresario, Jaime Febrer. Rodríguez explicó en la vista que fue su primer jefe de gabinete en la diputación, José Manuel Orengo, "quien nos aconsejó contratar a Vera, porque era exmagistrado, implicado en causas contra la corrupción y pensamos que era la persona más idónea". Con el tiempo, tanto Vera como Orengo han pasado de ser estrechos colaboradores de Rodríguez a enemigos declarados. "Él decía -aseguró Rodríguez sobre Vera- que tenia contacto habitual con el fiscal del caso Taula". También contó que se arrogó el cambio de actitud de la Fiscalía respecto a Divalterra "que pasó de estar acusada [como Imelsa, su antecesora] a acusadora" al aceptar la personación de la Diputación de València como acusación particular.

Además de acusar a Vera de ser el ideólogo de los contratos de alta dirección bajo sospecha, Rodríguez también declaró que fue Vera junto a los dos gerentes de Imelsa/Divalterra (José Ramón Tiller y Agustina Brines, investigados en la causa) quienes "se pusieron a trabajar para crear una estructura de siete áreas, de la que se dió cuenta al consejo de administracion. Todo se hizo con total transparencia", defendió el alcalde de Ontinyent. Y nadie advirtió de la presunta ilegalidad de los siete primeros contratos de alta dirección.

Preguntado por los denunciantes del caso Alquería, José Luis P. y José Luis C., Rodríguez aseguró que no les conocía, aunque participaban en los consejos de administración de Divalterra como secretario y responsable del área financiera. "Nosotros no quisimos entrar en Imelsa como elefante en cacharrería, sino dar una oportunidad a la gente, un voto de confianza. Aunque al leer el sumario del caso Imelsa supimos que habían sido beneficiarios de nóminas VIP en las que cobraban productividades de 6.000 y 8.000 euros" ya que habían sido contratados durante la etapa de Marcos Benavent.

A su juicio, ambos formaban parte del núcleo duro del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, lo que generó "desconfianza" al equipo de Rodríguez por lo que "a ellos les hizo pensar que les despedirían y debieron pensar que si denunciaban no podrían ser despedidos". Sobre la denuncia por los contratos presentada por el entoces diputado de Ciudadanos, Jorge Ochando, la achacó a "la judicializacion de la política, con la intención de demostrar que todos éramos iguales y que había corrupcion en todas partes, que todo era lo mismo. Esa era la estrategia del partido del señor Ochando".

Aunque, concluyó Rodríguez, "nuestra intención siempre fue la mejor, con el asesoramiento jurídico del que disponíamos. Si hubiéramos tenido interés partidista [para contratar a afines al partido] teníamos diez plazas de asesores por cubrir. Queríamos demostrar que se podían hacer las cosas de otra manera, pero no pudo ser".  

Pérez Garijo, Gaspar, Amigño y Orengo deberán declarar como testigos en el caso Alquería

Los magistrados de la sección primera de la Audiencia de València que juzgan el caso Alquería decidieron ayer continuar con la agenda prevista, que supone iniciar las declaraciones de los investigados. La decisión contraria obligaba a modificar todos los testigos y peritos citados o suspender las dos semanas de declaraciones y buscar días libres a partir del mes de noviembre. De ahí que decidieron la petición de los catorce acusados de declarar al final del juicio y mantener las previsiones iniciales. Los magistrados sí aceptaron citar como testigos, tras rechazarlo inicialmente, a la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, al actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, la vicepresidenta Maria José Amigó, y el exjefe de gabinete de Jorge Rodríguez cuando presidía la diputación, Jose Manuel Orengo, además de otros exdiputados provinciales. Únicamente se salva de comparecer ante el tribunal la actual ministra de Ciencia, Diana Morant.

Los magistrados también han decidido mantener como acusaciones populares al Partido Popular de la Diputación de València --aunque deberá subsanar defectos de representación- y a la asociación Acción Cívica contra la corrupción. Y han rechazado retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción. En sentencia resolverán las cuestiones previas sobre vulneración de los derechos planteados por las defensas. Los acusados también podrán sentarse junto a sus abogados y no en el "banquillo" y ausentarse del juicio cuando no sea necesaria su presencia.