Ya ha pasado el plazo y la gran mayoría de los establecimientos comerciales siguen sin cambiar sus puertas para adaptarse al nuevo real decreto del Gobierno central para lograr la eficiencia energética. El principal motivo es el poco margen de maniobra que ha dejado la administración para adaptarse a esta norma, según Confecomerç, la patronal autonómica del comercio de la Comunitat Valenciana.

De hecho, la organización calcula que solo el 10% de los comercios y locales de restauración ha instalado las puertas y los cerramientos a los que están obligados por la nueva ley. Este porcentaje es similar al de otras comunidades autónomas, según el presidente de la entidad, Rafael Torres, quien también lidera la Confederación Española de Comercio (CEC). Esta organización estima que entre 100.000 y 120.000 comercios en España necesitan esta adecuación para ahorrar energía. En la Comunitat Valenciana, esta horquilla es entre 10.000 y 12.000 comercios, el coste de su adaptación sería de unos 20 millones de euros.

Por estas razones, Confecomerç ha pedido al Gobierno tres meses de moratoria. «El plazo que ha dado el Gobierno no es razonable, especialmente para aquellos locales comerciales que fueron concebidos para no tener puertas y ahora requieren de un completo replanteamiento del local, más allá de instalar una simple puerta», afirma Torres.

Los comercios familiares son los más afectados ante esta nueva exigencia del Gobierno central. Es el caso de una tienda de regalos ubicada en la avenida Constitución de València, que cifra el cambio de la puerta, con su correspondiente obra e instalación, en unos 6.000 euros como mínimo. «Si ya ha sido difícil hacer frente a la inflación, ahora tenemos que llevar a cabo estas obras en el local, y ni siquiera sé cómo lo voy a hacer», asegura su propietaria, ya que la entrada a su comercio es muy pequeña.

El presidente de Confecomerç y la CEC sostiene que con la moratoria, el sector tendría tiempo para conocer cómo queda finalmente el Proyecto de Ley que se está tramitando, así como los cambios en las obligaciones que previsiblemente se recogerán a través de las emiendas presentadas. Si finalmente se aprueba, los establecimientos tendrán más tiempo para abordar proyectos de adecuación.

Además, según Torres «podrán aprovechar las ayudas para este tipo de inversiones anunciadas por la Generalitat y que no se han convocado ni concretado». El decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que «lo lógico y sensato es esperar a que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones ha de cumplir».

Por otro lado, el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. Aunque todavía no se han concretado las ayudas, ni las cantidades ni los plazos de pago.