Las opciones de que Mónica Oltra pueda ser la candidata de Compromís a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo eran ya muy complicadas porque los tiempos judiciales están lejos de coincidir con los políticos y apenas quedan siete meses para las elecciones autonómicas que probablemente se celebren en mayo de 2023.
Pero ahora aparecen nuevas dificultades para la exvicepresidenta en el procedimiento judicial que le afecta hasta el punto de hacer casi inviable la posibilidad de que Oltra se ponga de nuevo al frente de la candidatura de la coalición.
La también exconsellera de Igualdad dimitió el pasado mes de junio poco después de conocerse el informe de la fiscalía que apoyaba que fuera citada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en calidad de imputada.
Compromís ya se había preparado para esta situación, la de la eventual ausencia en las próximas elecciones del mes de mayo de la que fue su candidata a la presidencia de la Generalitat en 2015, cita en la que logró el mejor resultado histórico de la izquierda valencianista, 19 diputados, y también en 2019, cuando sumó 17.
El juez propone que se escuche al Ministerio Fiscal y a las partes personadas sobre prorrogar el plazo de la investigación por un período igual o inferior a seis meses
El sector mayoritario de la coalición ya ha lanzado la candidatura de Joan Baldoví. Pero Iniciativa del Poble Valencià, el partido de Oltra, se ha negado a aceptar que Baldoví vaya a ser el único candidato a las primarias abiertas a la ciudadanía que la coalición tiene que celebrar.
Desde el sector de Oltra se le ha reprochado que no espere al mes de febrero, plazo que la propia coalición se ha dado para presentar posibles candidaturas e incluso la vicepresidenta Aitana Mas, quien heredó todos los cargos de la exvicepresidenta, asegura que aún no ha deshojado la margarita sobre si competirá con Baldoví por la candidatura autonómica.
Ahora, el movimiento judicial que puede alejar definitivamente a Oltra de la candidatura se sustenta en una providencia judicial de este viernes del juzgado de instrucción número 15 de València en la que su titular señala que se constata que no será posible la finalización de la investigación judicial en el plazo máximo contemplado en el art. 324.1 párrafo primero de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por ello propone que se escuche al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa acerca de la procedencia o no de prorrogar el plazo máximo de la investigación por un período igual o inferior a seis meses de conformidad con la ley para lo que se les confiere un plazo de tres días.
Además, el juez que instruye la causa sobre el presunto encubrimiento de la conselleria que dirigía Oltra del caso de la menor que fue víctima de abusos de su exmarido también ha citado a la entonces menor tutelada por la Generalitat en calidad de testigo, también al que era entonces su novio y a los padres de este.
Con la decisión del juez las opciones de Oltra de ser candidata a las autonómicas menguan aunque la coalición tiene una vía en sus estatutos que le permite esperar hasta casi el último día de plazo legal posible para incorporar a la exvicepresidenta a su candidatura autonómica. En el caso de que el archivo se produjera sería la ejecutiva de Compromís la que decidiera siempre que ella quisiera dar el paso e incorporarse a la candidatura. El plan B, en caso de que sí pudiera llegar a tiempo, sería ofrecerle siempre que se produjera el archivo de la causa, la candidatura a las elecciones generales que en principio se celebrarían a finales de 2023.
