La realidad de los centros educativos y la enseñanza en las aulas ha cambiado —y mucho— en más de una década. Nuevas enseñanzas, nuevas maneras de aprender y nuevas realidades en las que también hay nuevos problemas, o situaciones conflictivas que se han agrandado, por ejemplo, por la extensión del uso de los teléfonos móviles entre niños y adolescentes.
Por eso, también debe evolucionar la normativa. El último pleno del Consell ha aprobado el nuevo decreto que regula la igualdad y convivencia en los centros educativos valencianos y en el nuevo texto —que próximamente se publicará en el DOGV— aparecen términos inexistentes en el decreto vigente hasta ahora, que data de 2008.
Por ejemplo, como «conductas gravemente perjudiciales para la convivencia» aparece específicamente la «violencia machista» y el «acoso y ciberacoso a cualquier miembro de la comunidad educativa», ante el aumento de estas violencias, sobre todo en pandemia.
Asimismo, también aparece por primera vez «la grabación, manipulación, publicidad y/o difusión no autorizada de imágenes, a través de cualquier medio o soporte, cuando este hecho resulte contrario al derecho a la intimidad, o contenga contenido vejatorio, agresiones y/o humillaciones hacia cualquier miembro de la comunidad educativa».
Contra toda discriminación
Del mismo modo, como novedad se detallan todos los tipos de discriminaciones que serán castigadas —de «etnia, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o diversidad funcional, opinión o cualquier otra circunstancia—, cuando antes solo constaban «vejaciones y humillaciones (...) con un componente sexista o xenófobo». Además, en la misma línea, también se citan expresamente los «actos de odio».
Por último, como faltas graves de convivencia en el nuevo texto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, se mantienen problemas que ya constaban en la normativa, como «actos graves de indisciplina» («insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes desafiadoras»); «daños graves» en las instalaciones; y el «uso, incitación o introducción» en los centros de «sustancias perjudiciales para la salud», entre otros.
El mismo texto indica que ante estas situaciones, el profesorado puede tomar medidas como proponer a los alumnos implicados «tareas fuera del horario lectivo en beneficio de la comunidad educativa»; «suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares»; «suspensión del derecho de salidas al patio»; «traslado del alumno a otro grupo» o «suspender el derecho de asistencia a clase» (la expulsión).
Como ya publicó este periódico, el nuevo decreto aprobado vuelve a poner en marcha el Observatorio de la Igualdad y Convivencia —que ha estado años sin actividad— y también recoge los derechos y deberes de todos los colectivos de la comunidad educativa. Además promueve, sobre todo, «espacios de diálogo y reflexión» en los centros.
