La investigación en el caso Azud se ha topado con la empresa Crespo Gomar SL, responsable de actos electorales del PSPV y el Bloc en las elecciones de 2007 y 2008. E investigada hace cuatro por un presunto delito electoral cometido junto a los dos partidos que se archivó por prescripción.
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Crespo Gomar SL ya está extinguida, pero los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se la han encontrado al indagar en los archivos de la empresa Cronosport SL, la suministradora del material de publicidad del PSPV-PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008 que presuntamente pagaron empresas privadas a cambio de favores urbanísticos o de contratos en obra pública.
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Cronosport SL declaró a efectos de Hacienda haber recibido 72.629,51 euros en ingresos de Crespo Gomar SLen 2007, de los que «al menos 17.397,68 euros se corresponderían con el abono de trabajos efectuados por Cronosport en beneficio del PSOE» para pagar 20.000 libretas y 3.000 mochilas con el logotipo del partido, según relata la UCO en su último informe aportado a la causa.
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La sorpresa salta al rastrear la documentación incautada al exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE de 1999 a 2004, José María Cataluña. Y encontrar «una anotación manuscrita titulada ‘Crespo, Gomar’ debajo de la cual se exponen una serie de cantidades, aparentemente monetarias, relacionadas con los años 2005, 2006 y 2007». Un plan de pagos que prevé dos abonos de 60.000 euros en dos meses en 2005, 300.000 euros para 2006 a razón de 25.000 euros al mes y 180.000 euros para 2007 divididos en cuatro aportaciones de 45.000 euros. «La suma total de las cuantías asciende a 600.000 euros». Otra hoja mecanografiada recoge los mismos abonos, aunque con una fecha inicial, el 8 de septiembre de 2006, y ubicada en Alzira. Con la anotación: «La intención de la agencia de publicidad es acabar la facturación en este año 2006 a razón de 45.000 € por los cinco meses que faltan».
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La ubicación de Alzira llama la atención de los agentes de la UCO. Porque es la ciudad donde «tiene su domicilio social la mercantil Construcciones Blauverd» que también recurrió a los servicios de Crespo Gomar en 2005 y 2006. Y al comparar las facturas emitidas por Crespo Gomar a Blauverd (incluidas en el sumario de 2018 que se archivó y publicadas por los medios de comunicación) con las anotaciones incautadas al exresponsable de finanzas del PSPV vuelve a saltar la sorpresa. «Todas estas facturas emitidas a Construcciones Blauverd coincidirían en importe y fecha con lo reflejado en el documento intervenido en el domicilio de José María Cataluña». De lo que se deduce, sin que la UCO lo exprese formalmente en su informe, que Blauverd supuestamente financió al PSPV a través de Crespo Gomar SL. Unos hechos que ya habrían prescrito.
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La causa por delito electoral se archivó en 2018 al estar prescrita
Como en el Cuento de Navidad de Dickens, el fantasma del pasado vuelve a salir al encuentro del PSPV. En abril de 2018 la titular del Juzgado de Instrucción 21 de València archivó por prescripción la causa por el presunto delito electoral que podrían haber cometido el PSPV y el Bloc al aceptar que cuatro empresas pagaran 255.140 euros a la empresa Crespo Gomar SL, responsable de los actos electorales de ambos partidos durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007.
La documentación que inició la causa fue aportada por el entonces coordinador general del grupo parlamentario popular en las Corts, José Císcar, al grupo de blanqueo de capitales de la Policía Judicial el 22 de noviembre de 2016.
El presunto delito electoral que habrían cometido ambas formaciones en 2007 se consideró prescrito, tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Juzgado de Instrucción 21, ya que sólo sólo se puede perseguir cinco años después. La supuesta financiación ilegal formalmente sólo puede investigarse desde 2015, cuando se introdujo como delito en el Código Penal. La investigación a Crespo Gomar y el presunto trato de favor por dos ministerios y dos ayuntamientos derivó en cuatro investigaciones en juzgados de Madrid Gandia y Benidorm, que también se archivaron por falta de indicios.