Tribunales
José María Cataluña se acoge a su derecho a no declarar por el caso Azud
El exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE apenas permanece veinte minutos en la Ciudad de la Justicia
El responsable de finanzas del PSPV-PSOE de 1999 a 2004 y exvicepresidente de Bancaixa, José María Cataluña acaba de llegar a la Ciudad de la Justicia para declarar como investigado en el caso Azud. Cataluña ha llegado acompañado de su abogado a las 9.25 horas. "El plato fuerte", ha asegurado a los periodistas que le esperaban a la puerta de la sede judicial, antes de que le preguntaran, en clara referencia a su protagonismo en una parte del caso Azud que investiga varias tramas de corrupción urbanística en los ayuntamientos de València, Burjassot y Xixona, entre otros.
El exresponsable socialista, que fue suspendido de militancia en 2021 tras desvelarse su implicación en el caso Azud, ha declinado hacer declaraciones antes de su comparecencia ante la jueza de Instrucción 13 y el Fiscal Anticorrupción. "No puedo hablar", ha asegurado a los periodistas mientras se dirigía a la sede judicial. "¿Está tranquilo?", le han preguntado. "¡Hombre, claro!", ha asegurado. Cataluña ha abandondo la ciudad de la Justicia apenas veinte minutos después de su entrada, por lo que se deduce que se ha acogido a su derecho a no declarar.
Cataluña comparece por primera vez ante los investigadores judiciales del caso Azud. Hace año y medio ya se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix el 15 de mayo de 2021.
Cataluña está considerado por los investigadores del caso Azud como un facilitador de «contactos» al empresario Jaime María Febrer, también investigado, con ayuntamientos gobernados por el PSPV en los años bajo investigación en el caso, desde 2005 hasta 2013. La documentación incautada a Cataluña en 2021 es la que provocó la tercera operación policial del caso Azud el pasado 18 de octubre, en una pieza separada que aún sigue bajo secreto del sumario y que supuestamente investiga el presunto cohecho (porque el delito electoral habría prescrito y el delito de financiación ilegal entonces no existía) por las supuestas mordidas pagadas por empresarios a dirigentes del PSPV-PSOE para presuntamente financiar el partido y las elecciones de 2007.
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