F. Arabí, Valencia
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hizo escala en su campaña en un terreno que se conoce palmo a palmo y al que profesa un "acendrado amor", según reveló Solbes: la justicia. De la Vega recibió el premio anual de la Asociación de Juristas Demócratas, de signo progresista, durante una cena en la que la candidata confesó que estudió "leyes" para "combatir la desigualdad y la opresión". La vicepresidenta expresó su compromiso de "abordar varias reformas la próxima legislatura" para desbloquear los juzgados.
El Gobierno, dijo, apuesta por "vías alternativas al litigio a través de instrumentos como la Seguridad Jurídica Preventiva, la Mediación y el Arbitraje". En esa línea de "facilitar mayor agilidad y proximidad, vamos a aprobar la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia y a desplegar oficinas de atención al ciudadano" que informen sobre sus procedimientos. Reivindicó el esfuerzo del Gobierno en la Comunitat Valenciana que se ha traducido, apuntó, en "53 nuevas unidades judiciales, 39 juzgados especializados en violencia de género y 48 nuevas plazas de fiscales", y en el incremento en 2.653 agentes policiales. Del contrato de integración propuesto por Rajoy, dijo que responde más "a un recurso de teatralidad que al buen sentido jurídico". "No seré yo quien le recuerde al señor Registrador el artículo 1 del Código Civil", zanjó. Al acto de la asociación que preside Juan Antonio Lloret asistieron fiscales (Teresa Gisbert, Rosa Guiralt y Javier Carceller, entre otras), magistrados como Chimo Bosch, José Manuel Ortega, Estrella Blanes o Ana Caballero, y otros profesionales del derecho como Vicente Cuñat, Gabriela Bravo, Tomás Vives, Manuel Martínez Sospedra, Francisco Davó, Carlos Alfonso Mellado o Fernando Alandete. Diego Muñoz-Cobo representó al decano del Colegio de Abogados.
