La Fiscalía Provincial de València ha archivado las Diligencias de Investigación Penal contra el alcalde de San Antonio de Benagéber, Enrique Santafosta, por el anticipo que solicitó de 15.000 euros a las arcas públicas del ayuntamiento autorizado por su teniente alcalde, Marta Retamosa, y por el anticipo que el primer edil le facilitó a ella, de 1.000 euros.
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La Fiscal considera que no existe delito de prevaricación ya que exigiría "arbitrariedad" y que la resolución se dictara a sabiendas de que era injusta, "dos elementos que entendemos no debidamente acreditados en el Decreto de la Alcaldía: la decisión adoptada nos parece razonable desde el momento en que está respaldada por un informe favorable de la Intervención y una postura doctrinal que admite la posibilidad de conceder anticipos de nómina a cargos electos", afirma el escrito de la magistrada.
Se permiten "siempre y cuando se recoja la posibilidad en las Bases de Ejecución del presupuesto municipal, como es el caso, que en 2020 fue aprobado en la Base 28 por el Pleno de la Corporación, con lo que no se atisba arbitrariedad en la resolución adoptada", señala el escrito.
La denuncia interpuesta tanto por Guanyem San Antonio de Benagéber como por el Partido Popular también acusaba a Santafosta y a Retamosa de superar en el anticipo el tiempo de devolución del dinero adelantado. Para la fiscal, la superación del reintegro de 10 ó 14 mensualidades, según el informe que redactó los Servicios Jurídicos para autorizar la operación, estaría respaldada porque en el caso de ser contratos eventuales "posibilita que el anticipo se reintegre en un número de mensualidades equivalente al periodo que reste de contrato".
El escrito de la Fiscal asume que la situación es enrevesada y está abierta "a todas las interpretaciones", ya que la redacción de la Base 28 de Ejecución de los Presupuestos Municipales da lugar a todas las interpretaciones del expediente administrativo: la de la Intervención Municipal, que mostró reparos; la del Informe de discrepancias y la del Informe de Servicios Jurídicos que dio el visto bueno.
"Que sean posibles todas las interpretaciones no quiere decir que sean todas acertadas y que se compartan, pero entonces la vía adecuada para determinar cuál es la correcta interpretación de la normativa aplicable será la de la jurisdicción contencioso-administrativa y no la jurisdicción penal", señala el escrito.
La oposición mantiene los reparos
De hecho, en este último punto es donde la oposición de Guanyem SAB incide. La base de ejecución número 28 del presupuesto era la norma donde se concebían los anticipos al persona municipal y aseguran que de su "errática redacción y evidentes errores gramaticales de corta-pega se acogieron el alcalde Santafosta que obtuvo 15.000 euros, la teniente alcalde Retamosa, que obtivo 1.000 euros y meses después Daniel Nieto de Cs para obtener 6.000 euros", apuntó Ramón Orozco, portavoz de la agrupación.
Orozo ha lamentado también que a día de hoy " ni Guanyem ni el resto de partidos de la oposición han podido tener acceso al expediente de dicho anticipo a pesar de haberlo reclamado ante el Síndic de Greuges y el Consell de Transparència. Pero según enumera la Fiscalía, hay un Informe de discrepancia contra el reparo de la Intervención firmado por la concejala Sra. Retamosa, la misma persona que concedió el anticipo al alcalde Santafosta en calidad de alcaldesa accidental. También hay un Informe de un Servicio jurídico contratado al efecto por el gobierno municipal avalando la tesis de que es interpretable favorablemente la concesión".