El Ayuntamiento de Castelló de Rugat va a presentar una querella dirigida contra el exalcalde de la corporación municipal, José Miguel Barranca (PP), dos exregidoras y otra edil que mantiene el acta por el cobro de 20.908 euros en concepto de dietas y asistencias en 2014. La denuncia se sustenta sobre un informe emitido hace un año por la secretaría-intervención municipal que reparó en la falta de control y fiscalización de esas asignaciones. El actual equipo de gobierno, del PSPV, quiere que los juzgados de Ontinyent investiguen si los citados representantes públicos -entre los que se halla la presidenta del PP local- incurrieron en un posible delito de malversación por no acreditar debidamente el concepto de los pagos.
El procedimiento parte del cúmulo de irregularidades que en 2016 destapó la Sindicatura de Comptes. El organismo fiscalizador valenciano advirtió de posibles cobros indebidos del exalcalde y los exconcejales del PP por un importe de 32.307 euros que motivaron una denuncia de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. La institución con sede en Madrid abrió diligencias por ésta y otras tres anomalías susceptibles de haber generado un perjuicio económico al consistorio. Sin embargo, el pago de dietas terminó excluyéndose de la instrucción. En abril de 2017, el Ministerio Fiscal consideró justificadas las irregularidades denunciadas en un principio tras examinar las alegaciones del ayuntameiento y la documentación presentada. Como contó este diario el miércoles, el instructor del Tribunal de Cuentas solo considera a Barranca indiciariamente responsable de un presunto descubierto en los fondos públicos de 9.000 euros por una serie de facturas relacionadas con trabajos -de momento- no acreditados que el exalcalde autorizó abonar a una empresa de hostelería por comidas y organización de fiestas. El procedimiento de reintegro por alcance sigue su curso tras requerírsele al exalcalde una fianza.
Barranca niega irregularidades y asegura que el pago de las dietas «se ha justificado debidamente» después del extravío de algunos documentos. El exdirigente subraya la decisión de la Fiscalía de dejar esta cuestión fuera de la investigación, a tiempo que defiende que los cobros pasaban la supervisión técnica y que se gastaba «menos de lo que se presupuestaba».
Por el contrario, la interventora resaltó en su informe la ausencia de documentos físicos firmados por el alcalde y el interventor necesarios para acreditar los trabajos por los que se percibieron las dietas. La técnica no vio «ajustada a la legalidad» la base de ejecución del presupuesto de 2014 según la cual no se preveía ninguna asignación por asistencia a órganos colegiados para los concejales, pero sí retribuciones «para el desarrollo del cargo de concejal, para atención a los vecinos, asistencias, gestión reuniones, etc». El apartado fijaba una asignación de 38 euros por día para el alcalde y de 30 ? para los ediles. Las bases fueron aprobadas sin el reparo del entonces secretario.Pero la actual interventora considera «no justificada» la percepción de las cantidades porque «no se ajusta a las normales legales vigentes».
«Sin control ni justificación»
La corporación del PP presumió en 2013 de suprimir el sueldo de los concejales liberados para ahorrar 30.800 euros, pero en 2014 la partida destinada a sufragar dietas se disparó un 300% mediante una fórmula que la oposición en su día denunció como «opaca».
