Al Consell de Transparència se le ha agotado la paciencia con el Ayuntamiento de Aielo de Malferit. Después de haberse pronunciado hasta en seis ocasiones en solo 22 meses en contra de la reiterada negativa de la administración local de brindar información pública a un colectivo vecinal y a la oposición, el organismo autonómico ha instado al consistorio a que incoe un procedimiento sancionador contra el alcalde de la localidad, José Luis Juan Pinter, por considerarle responsable de la comisión de dos infracciones muy graves y de otras dos graves, al calor de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana. La Comisión Ejecutiva del Consell tomó el 22 de noviembre un acuerdo inédito desde su creación: reclamar medidas disciplinarias contra un munícipe por el «reiterado incumplimiento de su deber de dar respuesta a las reclamaciones de sus vecinos».
Pinter, sin embargo, no solo se muestra disconforme con la resolución, que ve desmesurada, sino que cuestiona la capacidad del órgano creado por la Generalitat de atribuirle una sanción, una competencia que éste considera exclusiva «de los juzgados de lo penal», a tiempo que arremete contra la ley autonómica de Transparencia y sus «discrepancias» con la normativa estatal. El alcalde afirma que está analizando la notificación con los servicios jurídicos de cara a su impugnación: no descarta acudir a la vía contenciosa.
Pinter sostiene que la oposición y la asociación vecinal «colapsan» el ayuntamiento con sus peticiones de información. «No podemos atender todas las solicitudes con los medios que tenemos y lo saben, pero han encontrado un filón y un aliado en el Consell de Transparència para atacarme», incide.
El organismo que vela por el cumplimiento de la normativa de acceso a la información, sin embargo, ve «insostenibles» los argumentos del alcalde, a quien reprocha su «reiterada indiferencia hacia las obligaciones que le impone la legislación» y hacia «la representatividad social y política de los reclamantes y la trascendencia pública de las cuestiones planteadas». La resolución también afea a Pinter el «copioso listado de excusas a las que ha recurrido para denegar el derecho al acceso a la información pública cuando se ha tomado la molestia de responder» a los requerimientos.
El Consell de Transparència subraya que el cerrojazo del Ayuntamiento de Aielo en materia de transparencia ha sido objeto de recurso en ocho ocasiones, de las cuales se han hecho públicas hasta el momento seis resoluciones, en todos los casos estimando las pretensiones de los reclamantes (la Asociación de Vecinos y el PSPV) reconociendo su derecho a acceder a los contratos del servicio de absatecimientos de agua potable y alcantarillado y de suminisro de energía, a la relación de subvenciones concedidas a las asociaciones locales en 2015, a los libros de actas de los plenos municipales entre 1970 y 1995 o a una certificación del secretario respecto a los procesos judiciales interpuestos por el gurpo municipal al socialista y sus costes. En todos los casos, las alegaciones formuladsa por el alcalde fueron desestimadas por el Consell de Transparència.
El acuerdo firmado por el presidente de este organismo público, el catedrático de Derecho Ricardo García, resalta que el consistorio de Aielo acumula el 2,44% de las resoluciones dictadas por Consell pese a tratarse de un pueblo «de 4.706 habitantes, que apenas representa el 0,09% del censo de la C. Valenciana». El ente atribuye a Pinter cuatro posibles infracciones invocando la Ley de Transparencia: la «denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública», el «incumplimiento de resoluciones dictadas por el Consell de Transprència», la falta de colaboración con este órgano y la vulneración de los plazos para contestar a las solicitudes.
Difícil cumplimiento
Transparència apunta a la «responsabildiad personal» del munícipe y recuerda que, según la normativa autonómica, las faltas muy graves pueden ser sancionadas incluso con el cese o el castigo de no poder ser nombrado para un cargo público durante tres años. Sin embargo, la ausencia de herramientas y medios para desarrollar de manera efectiva la citada ley hace presagiar que la amonestación no pasará del terreno de lo simbólico. El Consell recalca que el Ayuntamiento de Aielo está «obligado» a incoar el expediente sancionador al alcalde y a comunicar luego el resultado del mismo una vez concluido, tras «realizar las actuaciones pertinentes que lleven a fijar los hechos acaecidos y determinar si son o no constituvos de infracciones como las señaladas». Pero Pinter ya ha mostrado su negativa a aceptar la resolución.
El alcalde considera un «abuso» la cantidad de solicitudes de información que recibe de la asociación vecinal, a la que tacha de «agregado de la oposición». «No podemos buscar archivos de hace 10 años en un momento crucial de cierre de cuentas y de elaboración de presupuestos». Pinter acusa al Consell de Transparència de «machacar» al ayuntamiento a requerimientos y ve un encono especial contra él «en vísperas electorales».
