Un policía local de l'Alcúdia de Crespins ha denunciado al concejal de Seguretat, Josep Garrigós, por « mobbing y acoso laboral», una situación que el agente asegura que sufre desde 2015, tras la llegada del PSPV y Compromís al gobierno. El denunciante, J. V. P., era jefe de la Policía Local y fue relevado „se nombró otro jefe„ «sin causa justificada», aunque él asegura que no ha sido destituido; no ha recibido notificación de su cese de este puesto de mando. El policía ha denunciado por vía judicial la situación y el Juzgado Contencioso-Administrativo de València lo ha admitido a trámite.

El agente ejerce en el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins desde 1992 y en 2012 fue ascendido a Jefe de Policía por libre designación. Afirma que ha ejercido su trabajo bajo diferentes gobiernos (del PSPV, del PP, del Bloc) «sin ningún problema». Hasta 2015, con el gobierno de PSPV y Compromís y con Garrigós como concejal de Personal i Seguretat Ciutadana. El policía afirma que nada más acceder al cargo, el regidor (que también fue alcalde la pasada legislatura y lo será en 2021) le dijo que mientras él fuera edil «no iba a estar en ningún tribunal de oposiciones y que enseguida que pudiera le quitaría el cargo de jefe de policía», algo que explica ha cumplido, ya que en las oposiciones posteriores no ha estado en el tribunal como Jefe de Policía. El denunciante expone que a partir de 2015 «vengo sufriendo el acoso» y detalla la situación de «presión laboral» que padece desde 2015.

Medidas de presión

Expone que el regidor le encomendaba tareas por debajo de las que se le suponen para su cargo o que no son competencia del Jefe de Policía, como «recoger analíticas para llevarlas a Xàtiva, hacer de conserje de instalaciones municipales, trabajar por turnos y negarle las vacaciones por ese trabajo por turnos, así como saltarse su mando dando órdenes directas a los agentes sin informarle», detalla en la denuncia. El agente también señala que le cerraron el acceso al ordenador, cambiando las claves.

El policía afirma que el regidor tiene con él «un comportamiento continuado que supone abuso de autoridad», con «continuas vejaciones, insultos, amenazas, faltas de respeto y menosprecio». También acusa al edil de «menoscabar su integridad psíquica y física para aislarle y humillarle ante sus compañeros, perturbando con ello el ejercicio de sus labores y empeorando el ambiente laboral». Con la «grave presión laboral», está sufriendo «un importante desequilibrio emocional» que le ha provocado diversas bajas laborales por problemas de ansiedad, depresión, migrañas y vértigo. Ahora está de nuevo de baja, desde diciembre de 2018, por «estrés postraumático», según figura en el parte médico facilitado, en el que el facultativo expone que «ha actuado como estresor el acoso laboral y las actitudes discriminatorias sostenidas durante meses». Además, asegura que la «presión» se ha trasladado a su mujer, también empleada municipal, a la que le niegan un puesto de trabajo acorde a su estado de salud.

Ante ello, el policía presentó un escrito en el ayuntamiento solicitando que se activara el protocolo de actuación ante el acoso. Pero aún espera contestación, dice. Y afirma que el regidor actúa «con la permisividad del alcalde» actual. J. V. P. ha recurrido a la vía judicial para que se tomen medidas y ser indemnizado „pide más de 400.000 euros„ por los daños sufridos.