La directora del Institut valencià d’Art Modern (IVAM) de 2004 a 2014, Consuelo Císcar, ha negado durante seis años haber usado los fondos públicos del museo para promocionar la carrera artística de su hijo Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar). Incluso declaró en fase de instrucción que no tenía necesidad de emplear los recursos de la pinacoteca para promocionar la obra de Rablaci porque tanto ella como su hijo tenían «excelentes carreras». Císcar tampoco escatimó críticas a la UDEF, a la jueza de Instrucción 21 y los dos fiscales Anticorrupción que han impulsado la causa. Seis años después de que se iniciara la investigación, la exdirectora del IVAM admite haber malversado y prevaricado para que su hijo lograra el más difícil todavía y el sueño de todo artista: exponer su obra en Asia, América y Europa entre 2008 y 2011.
Císcar admitió los hechos en una vista celebrada el pasado 30 de julio ante la sección cuarta de la Audiencia de València. La sentencia firme, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, ha trascendido ahora. En ella admite que usó a personal y los fondos de la pinacoteca para lanzar la carrera de su hijo. Allá donde exponía el IVAM Rablaci también mostraba su arte. Prácticamente dio la vuelta al mundo al iniciar su carrera como artista. Con 21 años protagonizó su primera exposición individual en octubre de 2008 en la Galería Raquel Ponce de Madrid. El traslado del artista, sus familiares y obras de arte fue costeado por las contratistas del IVAM, Logística del Arte SL y Sakvitur, que simularon la emisión de facturas. Rablaci también expuso en 2008 en Cascais, en 2009 en Tomar y en 2011 en Caldas da Rainha, todas ciudades portuguesas. En Asia protagonizó una gira con exposiciones en Shangai, Hangzhou, Suzhou, Changshu, Fuzhou y Tokio. Y llegó a exponer en Cuba (2009 y 2010), Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Chile, Uruguay, México y Francia. Todo a costa del erario. Y que se ha saldado con una condena de un año de cárcel para la exdirectora del IVAM y otros dos acusados, el pago de 50.000 euros por los fondos públicos desviados y 25.000 euros por el daño a la reputación del IVAM y las costas.
