Un Juzgado suspende el concurso para la adjudicación de los servicios del VAR

Se admite a trámite la petición de Mediapro, para la adjudicación de los servicios de las próximas tres campañas

EFE

El Juzgado Mercantil número 2 de Madrid ha suspendido cautelarmente el concurso para la adjudicación de los servicios de VAR de LaLiga española convocado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras admitir a trámite el juez la petición de Mediapro. Tanto el grupo audiovisual como la propia RFEF confirmaron en sendas notas de prensa la decisión judicial que paraliza la adjudicación de todos los lotes de un concurso que incluía los servicios del VAR para las tres próximas temporadas más una cuarta opcional.

La RFEF insta en su nota a LaLiga a actuar al respecto: «Habida cuenta del cuestionamiento hecho con respecto a la previsión de incorporar al VAR un sistema semiautomático de detección del fuera de juego, la RFEF entiende que resultaría prácticamente imposible en la práctica avanzar en la nueva contratación de los servicios de VAR sin que la Liga defina su postura sobre la necesidad de incorporar el citado fuera de juego semiautomático para la próxima temporada».

Por su parte, Mediapro destaca en su nota de prensa que el juez considera que la RFEF «ha podido disponer de unas bases de licitación anticompetitivas para beneficiar a un competidor y perjudicar a Mediapro, condicionando, en un mercado estrecho con pocos agentes, la adjudicación de unos servicios (VAR) a la posibilidad de prestar otros servicios accesorios (SAOT), con idéntico fin de predirigir el resultado del concurso». Las bases del concurso establecían que la Federación debía comunicar el próximo martes los adjudicatarios del servicio de VAR de LaLiga española para las próximas cuatro temporadas y, según la solicitud de medidas cautelares de Mediapro, el contenido de dichas bases «estaba dirigido a otorgar el servicio a la empresa que actualmente lo presta, perjudicando claramente otros proveedores e incurriendo en una conducta anticompetitiva y de abuso de posición de dominio, tal como recoge el auto judicial».