El sector español fabricante de baldosas cerámicas «afronta una subida de costes energéticos que están lastrando su competitividad y comprometen la viabilidad futura de las empresas», se asegura desde la patronal azulejera Ascer. Esta situación «golpea directamente a la competitividad de las empresas que ven como sus márgenes se reducen a diario fruto del encarecimiento de elementos esenciales para su producción como la luz, el gas o las materias primas. En este sentido, los incrementos del gas y el CO2 están catapultando los precios de la tierra atomizada, materia prima fundamental para la producción cerámica lo que conduce a ahondar la pérdida de competitividad y pone en riesgo la supervivencia del sector con la consecuente pérdida de puestos de trabajo».
La industria, y las empresas en general, no pueden trasladar sus precios al consumidor de forma automática. Las tarifas se revisan cada cierto tiempo, y las ofertas tienen periodos de validez que se deben respetar. Los precios trasladados al cliente quedan obsoletos en estos días de escalada desmedida.
El sector azulejero castellonense se siente maltratado por la Administración al no reconocer que el proceso de descarbonización que ahora se reclama desde Europa a todo tipo de industria, el azulejo ya lo llevó a cabo décadas atrás como muestra de su compromiso con el medio ambiente: «En los años 80, el sector cerámico desarrolló toda la revolución tecnológica que hizo posible que las emisiones se redujesen un 52 %», explica el vicepresidente de la patronal azulejera Ascer, Francisco Ramos, quien subraya que «este proceso no se puede prolongar en el tiempo porque la principal revolución se realizó entonces».
Ramos puntualiza que el mercado regulado del carbono «se nos está volviendo muy en contra» y explica que en 2019 el precio por tonelada de carbono era de 25 euros «y en la actualidad estamos en 66 euros por tonelada. Incluso pensamos que pueda llegar a los 100 por tonelada a final de año. Y esto, en condiciones normales que no nos dieran derechos de emisión, tendría un coste superior a 300 millones de euros. Esto equivale casi al 50 % del coste energético total del sector. Nos iríamos a más de 1.000 millones de euros si tuviéramos que soportar los costes energéticos a precios actuales más las emisiones de carbono». Además, Ramos puntualiza que los derechos de emisión gratuitos «no son suficientes» y lamenta que en el actual quinquenio se han reducido un 16%.
En este sentido, Ramos afirma que el comercio de emisiones «es un mercado que se ha convertido en puramente especulativo y no sabemos a dónde se dirige todo el dinero». Además, asegura que se trata de una espada de Damocles, «ya que actualmente tenemos derechos de emisión gratuitos del orden del 65 % y el 70 % de costes gratuitos, pero si no se prolonga para el próximo quinquenio vamos a pasar por momentos muy complicados teniendo en cuenta además que nuestros principales competidores como Turquía, China o India no están inmersos en este proceso».
