N os acercamos al final del año mientras siguen pendientes las reivindicaciones que el sector ha venido planteando durante el último periodo a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
Existen importantes cuestiones que no han podido ser abordadas en profundidad con la excusa de que la situación política impedía adoptar iniciativas legislativas o decisiones ejecutivas de naturaleza normativa.
Sin embargo, mi impresión es que a nuestras autoridades de transporte les han venido bien las circunstancias de este bloqueo para evitar tener que afrontar la previsible respuesta negativa que hubieran tenido que dar a la implantación de las medidas que el transporte por carretera necesita.
Lamentablemente, más allá de otras razones o argumentos que pueden tener su importancia, ninguna decisión relevante en beneficio del sector cabe esperar mientras los responsables políticos que deberían adoptarlas no sientan la fuerza y capacidad de presión del transporte de mercancías por carretera, y, lo que seguramente es todavía más lamentable, mientras esa fuerza no haya sido puesta de manifiesto de manera efectiva.
Resumiendo mucho las cosas, ya que también hay otras reivindicaciones importantes que es necesario seguir defendiendo, como la paralización de los desvíos obligatorios a autopistas de peaje o, en sentido más amplio, el compromiso de que no se aplicarán tasas o euroviñetas por la utilización de la red viaria nacional, el sector necesita imperiosamente que se produzcan los cambios legales relativos a la prohibición del pacto contrario a la repercusión de la cláusula de revisión del precio en función de la variación del coste del combustible, a la aplicación del límite de los treinta días respecto a los plazos de pago, así como al pago de las paralizaciones que sufren los vehículos en los procesos de carga y descarga.
Para la efectividad de tales cláusulas y condiciones no solo resulta imprescindible que se prohíba la posibilidad de que el transportista y su cliente o cargador puedan pactar o acordar su no aplicación, sino incluso que se cree la infracción administrativa y su correspondiente sanción para el caso de que no se apliquen.
No es posible saber si finalmente se conseguirá la implantación de estas medidas, ya que dependen de la voluntad de los responsables políticos, pero no debería haber lugar a las dudas respecto a que el sector peleará por conseguirlas. Sin embargo, hay que reconocer que, a veces, esas dudas no acaban de despejarse.
