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El 29 de marzo de este año el Banco de España decidió intervenir Caja Castilla-La Mancha (CCM), la mayor operación de estas características desde la intervención de Banesto en 1993. La decisión puso punto y final a varios meses de negociación desde que el organismo supervisor detectó las primeras dificultades de esta entidad financiera, la primera de España afectada por la crisis. La intervención se produjo después de que fracasara la fusión -en realidad, absorción- de la entidad castellano manchega con la malagueña Unicaja. Iba a ser la primera fusión interregional que se producía en el país y se presumía que sería un ejemplo para que más adelante se produjeran otras entre entidades de distintas autonomías.
En este caso, había un factor que beneficiaba la operación y era que los Gobiernos de Andalucía y de Castilla-La Mancha estaban regidos por los socialistas. No obstante, el Partido Popular de la autonomía central, presidido por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se opuso frontalmente a la operación. Sus críticas, unidas a rumores constantes sobre la solvencia de la entidad y a una evidente mala gestión por parte del equipo directivo de la caja con sede en Toledo, provocaron una progresiva salida de depósitos por parte de la clientela, temerosa de perder sus ahorros. Aún así, la absorción de CCM por parte de Unicaja se mantenía como la gran solución.
No obstante, todo lo mencionado anteriormente acabó por minar la determinación de la caja andaluza. Así, el Banco de España estimó que, en el peor de los casos, los créditos de dudoso cobro que tenía CCM que podían acabar en fallidos alcanzarían la cifra de 1.300 millones, mientras que Unicaja exigió al supervisor 3.000 millones para cerrar la operación. La divergencia llevó a que se decidiera la intervención para que no se deteriorara más la entidad.
