La Comisión Europea (CE) dio ayer el visto bueno a los esfuerzos de España para reducir el déficit público este año, pero reclamó al Gobierno que concrete nuevas medidas de ajuste para cumplir el objetivo fijado de cara a 2011. Bruselas considera que las metas de déficit que se ha planteado España -un 9,3% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2010 y un 6% en 2011- son apropiadas, pero tiene algunas dudas sobre las acciones que hasta ahora se han anunciado para llevarlas a la práctica.

"Para 2010, no se necesitan medidas adicionales", deja claro el texto aprobado ayer por el colegio de comisarios, que reconoce el importante ajuste fiscal en el que se ha embarcado España. Sin embargo, cree que "las medidas anunciadas recientemente podrían no ser suficientes para alcanzar el objetivo revisado de 2011".

Por ello, Bruselas pide al Gobierno que concrete medidas de saneamiento "equivalentes al 1,75% del PIB en los presupuestos de 2011". De ese porcentaje, más de la mitad -en torno al 1% del PIB- podría lograrse simplemente si se respeta el techo de gasto de 122.000 millones de euros fijado recientemente para el presupuesto de 2011, indica la CE.

Identificar las medidas

De todos modos, Bruselas avisa de que "las medidas individuales para mantener el gasto por debajo de ese techo todavía necesitan ser identificadas" y, por eso, habla en su informe del 1,75%.

"Más allá de eso, hay necesidad de concretar tres cuartos de punto adicionales del PIB", explicó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. La Comisión aconseja, además, a España que ese esfuerzo extra se haga más por la vía del gasto que por la de la recaudación. "La experiencia demuestra que los recortes del gasto son más efectivos a medio plazo que los incrementos de los ingresos", especialmente "para países que necesitan recuperar la competitividad", señala el informe.

Rehn afirmó que la evaluación dada a conocer debe ser considerada "una orientación temprana para el presupuesto del año próximo", lo que supone un paso más hacia la fórmula de un gobierno económico europeo, en el que los presupuestos nacionales serían analizados en Bruselas antes de ser aprobados por los respectivos parlamentos.

Junto a las medidas de austeridad, la CE considera esencial acelerar en España la reforma del mercado laboral para introducir más flexibilidad, pero también mejorar las condiciones empresariales y la formación de la fuerza de trabajo. La otra gran reforma estructural que Bruselas ve necesaria "sin más dilación" es la del sistema de pensiones, que debe contribuir a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Fin del proceso sancionador

Por último, el informe señala que España debe estabilizar los niveles de deuda pública, cuya proporción respecto al PIB podría situarse en 2011 por encima del 70%, una evolución "que ilustra la urgencia de revertir la evolución de la deuda". En cualquier caso, Bruselas ha decidido no seguir adelante con el proceso sancionador contra España previsto para los países cuyo déficit público supera el 3%, al pensar que sus políticas van en la línea correcta.

La semana pasada, la ministra española de Economía, Elena Salgado, se comprometió ante sus homólogos europeos a "hacer lo que sea necesario" para cumplir sus compromisos de saneamiento de las cuentas públicas.

Las recomendaciones para España se repiten casi punto por punto en el caso de Portugal.

Elena Salgado entiende que Bruselas sólo ha pedido más concreción

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró ayer que la Comisión Europea no ha pedido nuevas medidas a España para reducir su déficit, sino más concreción en las decisiones que se han puesto de manifiesto. "Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Bruselas porque no lleva al Gobierno ni a las comunidades autónomas a tomar decisiones distintas a lo que pensaba aceptar". Salgado explicó que el 1% de la concreción del 1,75% que pide la Comisión Europea está contemplado en el techo de gasto y que, por tanto, el Gobierno tendrá que concretar esta reducción cuando elabore el Presupuesto de 2011.

En cuanto al 0,75% restante, la vicepresidenta económica aseguró que corresponde a comunidades autónomas y ayuntamientos, por lo que serán las éstas entidades locales las que tengan que concretarlo en sus presupuestos. "Ni tan siquiera sé si es una advertencia (de Bruselas)", respondió Salgado, tras explicar que la Comisión llama "adicional" a lo que no fue "detallado" en ese momento porque no se tenía toda la información. efe madrid