La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobó ayer sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos". El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado.
En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, introduciendo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos -antes se hablaba de beneficios- "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo, elimina la alusión a la "falta de liquidez". El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado. No obstante, mantiene que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la "carga de la prueba" sobre esta cuestión.
Absentismo
En una de las enmiendas pactadas con CiU se ataca la lucha contra el absentismo injustificado reduciendo del 5% actual al 2,5% el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo a partir del cual se tiene en cuenta las ausencias del trabajador como motivo de despido. Además, el despido será procedente cuando un trabajador falte de forma intermitente al trabajo el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, aun de manera justificada.
En relación también con el absentismo, los socialistas han dotado a los inspectores médicos de la Seguridad Social de las mismas competencias para emitir un alta médica de las que gozan los inspectores sanitarios.
Por otra parte, PSOE y CiU han pactado que en el caso de que no se alcance un acuerdo sobre la negociación colectiva, el Ejecutivo deberá impulsar dicha revisión en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley de reforma laboral. Asimismo, el Gobierno se compromete a impulsar un plan en colaboración con las comunidades autónomas para recolocar a los parados del sector de la construcción a través de programas específicos de formación en sectores demandantes de mano de obra como rehabilitación, seguridad o turismo. Por lo que respecta al contrato de fomento del empleo estable, se ha añadido que tendrá que ser el trabajador quien pruebe en los tribunales la improcedencia de la extinción de su contrato, cuando hasta ahora correspondía al empresario demostrar la procedencia de su decisión. Sobre la parte de indemnización que abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en caso de despido procedente (8 de los 20 días por año trabajado), el texto enmendado dice que la empresa deberá pagar el total y después reclamar la parte correspondiente a la entidad.
Por último, se ha dado el visto bueno a enmiendas del PSOE entre las que destacan las dirigidas a potenciar los servicios públicos de empleo y a que las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción u acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpan el cómputo de la duración máxima de los contratos de formación.
La parados autónomos se quedan sin los 425?
La comisión de Trabajo aprobó con los votos de PSOE y PNV y las abstenciones de ERC-IU-ICV y BNG una enmienda socialista al proyecto de ley de reforma laboral para eliminar la nueva prestación no contributiva de 425 euros mensuales para autónomos en paro que no reciban ninguna ayuda económica. Esta ayuda fue incluida hace una semana, a instancias de CiU y con el voto en contra del PSOE y de IU-IC, en la ley que regula la protección por cese de actividad de los autónomos y es independiente de las prestaciones contributivas que regula la norma y que los trabajadores por cuenta propia empezarán a percibir a partir de 2011.
