La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana tiene a la venta un centenar de activos inmobiliarios adjudicados como consecuencia de operaciones de aval fallidas. Esos activos figuran, con profusión de imágenes y datos sobre sus características, en la página web de la firma especializada en conceder avales a pymes que no consiguen financiación en las entidades bancarias. Entre ese centenar figuran veinte solares en la Comunitat Valenciana, Canarias y Murcia con una superficie global de 738.737 metros cuadrados. La existencia de activos en estas dos autonomías -en la murciana aparece un solar con 665.797 metros- resulta llamativa en tanto en cuanto la entidad debe avalar a empresas de la Comunitat Valenciana. Además de los solares, la SGR tiene en venta seis viviendas, 18 naves industriales, 39 plazas de garaje y 17 locales comerciales, todos ellos en su zona de influencia.

Fuentes de la entidad explicaron ayer a este diario que estos inmuebles adjudicados son el fruto de operaciones avaladas por la SGR en las que las empresas beneficiarias no cumplieron sus compromisos financieros y saldaron su deuda con la dación en pago de los activos que habían comprometido. La sociedad, muy perjudicada por su exposición al sector inmobiliario, se encuentra en causa de disolución desde el pasado 1 de enero como consecuencia de la decisión de la Generalitat de no aportar antes del 31 de diciembre 15 millones de euros que debían contribuir a restañar el déficit de fondos propios que padece la sociedad. El próximo lunes, su consejo de administración mantendrá una reunión crucial para determinar el futuro de la sociedad. El mencionado déficit se sitúa entre los 30 y los 40 millones de euros.

Riesgo en curso

Al finalizar 2010, la sociedad tenía un riesgo en curso, es decir el capital pendiente de vencer, de 1.386 millones de euros, lo que suponía un descenso del 8 % en relación al ejercicio anterior, según la auditoría realizada a la entidad, que puso de manifiesto la existencia de unas pérdidas superiores a los 2,8 millones de euros. El 60 % de los mencionados 1.386 millones correspondía a empresas del sector servicios, con 833 millones. A continuación se situaban las industriales (17 %) y las constructoras (11 %). El 50 % de la citada cantidad correspondía a empresas con menos de 10 trabajadores. Asimismo, el 64 % del total tenía un plazo de vencimiento superior a los 36 meses.