01 de agosto de 2012
01.08.2012

El magistrado investiga los movimientos de las cuentas de los exdirectivos de la CAM

Las indagaciones buscan averiguar si se han producido desvíos de fondos en las finanzas de los últimos responsables de la caja

03.08.2012 | 03:04
Modesto Crespo.

Los movimientos de las cuentas de los exdirectivos de la CAM. Éste está siendo uno de los vértices de la investigación que desde el juzgado Central número 3 está dirigiendo Javier Gómez Bermúdez, el magistrado que acaba de fijar una fianza de 25 millones de euros para cada uno de los cinco exresponsables de la caja de ahorros imputados (los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb) en respuesta a la petición del abogado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para representar a la CAM, el penalista Carlos Gómez-Jara, según adelantó este diario.

Las pesquisas sobre los movimientos bancarios de quienes fueron los últimos responsables de la entidad antes de su desaparición tratarían de averiguar si se han producido desvíos de fondos que pudieran hacer sospechar actuaciones irregulares por parte de quienes tenían la encomienda de gestionar la entidad. Estas indagaciones podrían más allá de los exdirectivos imputados hasta ahora, cuya «relación de bienes o derechos de propiedad» también ha sido solicitada por el acusador particular en el mismo escrito en el que planteaba fijar una fianza con la que se pretende garantizar, en caso de condena, el resarcimiento del daño provocado por los exgestores de la CAM a la entidad y valorado en 25´8 millones.

Un perjuicio que, según el relato de los hechos del acusador particular basado en el informe forense realizado por la auditora PwC, sería fruto de irregularidades previamente ideadas. «En fecha 3 de febrero de 2011 María Dolores Amorós presentó al Consejo de Administración de la CAM las cuentas del año 2011 arrojando un resultado positivo de 244,2 millones de euros. Una análisis de éstas arrojan la conclusión de que se siguió un plan concertado por el Comité de Dirección para dar una imagen irreal de la sociedad con vistas a la integración en el SIP», según recoge el escrito en el que se alude a dos correos electrónicos, uno de Roberto López a Amorós y a Teófilo Sogorb y otro de este último al director financiero de la entidad donde le dice: «Salva, la directriz es generar el mayor resultado individual posible antes31 (sic) diciembre 2010. Si es posible traer el resultado por dividendo en 2010 mejor que en 2011». Así, continúa afirmando el representante legal del FROB, «el resultado real de la entidad en el ejercicio 2010 fue de 12 millones de euros llegándose a la cifra de 244,2 millones de beneficios a través de dos irregularidades». Éstas consistieron, según esta parte, en una «baja de provisiones por titulizaciones de deuda de muy baja calidad y defecto de contabilización de un contrato de SWAP por importe de 168,59 euros. La entidad dio de baja las provisiones relativas a créditos titularizados ocultando la existencia de sendas opciones de compra sobre dichos créditos al auditor externo», además de que «la entidad no incluyó a los seis miembros del comité de dirección que se habían adherido al programa de reestructuración de la plantilla en el listado enviado a los auditores externos para cuantificar el coste de las prejubilaciones derivadas de la integración en el SIP, evitando una dotación (pérdida) de 15,5 millones en el resultado de 2010». Se añade que en 2011 volvió a ocultar este coste mediante la aplicación de la dotación contra un fondo establecido en 2005 y que Amorós estaba al corriente de esta irregularidad. Como prueba se cita un correo de Soriano a Sogorb donde le dice: «Lo hable con Maira y no quiere decir nada al Banco hasta 31.3.2011».

El escrito del abogado de la CAM concluye afirmando que «se incrementó artificialmente el resultado de la entidad aprovechando que a raiz de la integración en el SIP, las cuentas del año 2010 serían individuales (no de grupo) descapitalizando empresas participadas mediante la imposición a éstas de la obligación de repartir elevados dividendos (necesitando incluso préstamos de la matriz)».

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