"Una barbaridad. Un auténtico atentado contra el derecho a la vivienda". Así se expresó ayer Iolanda Prats, una de las portavoces de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca de Valencia, en referencia al desahucio exprés aprobado ayer por el Consejo de Ministros que reduce a diez los días para efectuar el pago de retrasos en el alquiler de lo contrario un juez podría dictar una orden de desahucio.
"Es una noticia pésima. Cada vez hay más hipotecados desahuciados que se ven abocados a acudir al mercado de alquiler para vivir. Con un simple retraso de diez días están otra vez en la calle. Doble desahucio", lamenta la portavoz de esta plataforma. "¿Dónde pretende el Gobierno que vivan las personas? Están mutilando el derecho a la vivienda", explicó Prats a este diario.
El objetivo de esta reforma judicial de la ley de Medidas para la flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler "es reducir el procedimiento tedioso" que se llevaba a cabo hasta ahora para dictar una resolución de desahucio en viviendas de alquiler, en palabras de la ministra de Fomento Ana Pastor. Sin embargo, para los afectados por las hipotecas se trata de una supresión de sus derechos.
"En este contexto de crisis, son muchas las empresas que se retrasan en sus pagos. Un mes te llega la nómina tarde y no sólo te desahucian sino que no puedes recuperar la casa", denuncia la portavoz de esta plataforma ciudadana.
Para este colectivo ciudadano, que de momento no prevé ninguna acción reivindicativa pero que denuncia este "retroceso" en sus derechos, la nueva propuesta de ley "acabará con el mercado del alquiler", conllevando más precariedad para gran parte de la población que cada día está siendo desahuciada por no poder pagar su hipoteca. "Es una manera de preparar el terreno para el 'banco malo'", sostiene Prats, en referencia a las empresas que alquilan inmuebles que gracias a la nueva ley se verán favorecidas fiscalmente.
