Las principales organizaciones de la Comunitat Valenciana, AVA-Asaja y la Unió de Llauradors, exigieron ayer al Gobierno central que también imponga el contrato de compraventa citrícola "obligatorio", tal como se acaba de aprobar en las relaciones comerciales del sector lácteo de España. El ministerio de Agricultura, a través de un Decreto Ley, establece la obligatoriedad de formalización de los contratos por escrito en las transacciones realizadas en la actividad láctea antes de verificarse el suministro, al considerarlo un elemento clave de cohesión y estabilización en esta actividad ganadera.

Para el secretario general de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, el uso de ese pacto de compraventa en los cítricos "contribuiría a la rentabilidad del productor y fundamentalmente a la transparencia en las relaciones comerciales, al dotar al citricultor de una defensa jurídica ante los concursos de acreedores en los que caen muchos comercios y que dejan en la estacada a los agricultores, a quienes no se paga el fruto del trabajo de todo un año". Según el director de AVA-Asaja, Jenaro Aviñó, la decisión del Gobierno con el sector lácteo "abre un precedente importante y positivo para el conjunto del campo, pero ahora habría que trasladarlo a las frutas y hortalizas, que tanto demandan los productores dada la pérdida de rentabilidad y el abuso por parte de los operadores".

En 2010 la conselleria de Agricultura realizó una campaña de divulgación con el fin de extender la implantación del contrato -impulsado desde Intercitrus-, si bien resultado final es que prácticamente no se usa dicho documento. AVA llegó a difundir hasta 50.000 documentos durante las últimas temporadas. Con todo, "este pacto no se usa por las presiones de los operadores, que sugiere al citricultor que si pide este documento no le compra la fruta, cosa que no pasaría si la Administración interviniera en el asunto como ha hecho en la leche", puntualiza la Unió. Así las cosas, " el balance es negativo. Se utiliza de forma muy residual", reconoció Aviñó. Asaja propone que se establezca este método en la reforma de la PAC y que se extienda al conjunto de la producción hortofrutícola, "pues si es voluntario ya se ha visto que no funciona. Lo demuestran los hechos, puntualizó".

El Ministerio de Agricultura auspició ayer un protocolo por el que tanto los productores, como la industria y los supermercados y grandes superficies se comprometen a adoptar una serie de actuaciones que permitan "sacar al sector lácteo adelante". El pacto no cuenta con el visto bueno de UPA y de COAG.