La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha decidido imponer multas por valor de más de 43 millones de euros a varias asociaciones relacionadas con el transporte de contenedores que operan en el puerto de Valencia "por acuerdos para fijar los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia y la conselleria de Infraestructuras". La CNC, que en enero de 2013 ya impuso una multa de 20 millones al puerto de Barcelona y varias asociaciones que operan en este recinto, ha dado un duro varapalo a patronales del transporte, a las principales empresas estibadoras, a la APV y a la propia administración autonómica al asegurar que han cometido una infracción "muy grave al haber distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda".
Competencia, que en julio de 2012 decidió ampliar el expediente sancionador a más organizaciones, imputa a organizaciones empresariales que forman parte de Cierval -como Fvet y ELTC- así como de autónomos (Transcont y Transconval), la asociación naviera ANV, la de transitarios ATEIA (las agencias de carga de mercancías), así como a las tres grandes terminales de contenedores del recinto del Grao: Noatum, TCV y MSC. El organismo público que vela por la libre competencia realiza graves denuncias al asegurar que todas las organizaciones mencionadas "pactaron acuerdos para homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras prestaciones unidas al transporte. Incluso las indemnizaciones por paradas, así como la aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo". Para conseguirlo llevaron a cabo repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto. La CNC sostiene que se trata de una conducta "única y continuada" que se inició en 1998 y se extiende al menos hasta la incoación del expediente (2011).
Sin sanción a la conselleria
En cuanto a la APV, Competencia asegura que participó junto con el resto de imputados en la adopción de acuerdos y compromisos sobre la actividad del transporte de contenedores por carretera en el puerto relativos a la fijación de precios y condiciones comerciales, la limitación o control de flotas y el reparto de mercado. Por su parte, la conselleria desempeñó un "papel activo" en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo de fijación de precios, contribuyendo a su mantenimiento en vigor y, por tanto, a restringir la competencia en el mercado. La CNC no sanciona a la Generalitat al asegurar que no impone multas a las administraciones públicas ante la inexistencia de jurisprudencia firma del Tribunal Supremos en estas materias.
El reparto de la carga de trabajo, las medidas de seguridad y las tarifas es un problema latente en el puerto de Valencia y en otros acentuado con la caída de actividad. En estos últimos años la asociación Transcont convocó jornadas de paros en el puerto de Valencia a principios de verano. En junio de este año su presidente y otros dos asociados fueron detenidos al estar imputados por dañar camiones de diversas firmas.
La interventora exigió el cambio en la gestión de gastos de personal
La interventora general del Estado encargada de fiscalizar las cuentas del puerto de Valencia explicó en el Juzgado de Instrucción número 14, que investiga la supuesta malversación de fondos públicos, que exigió el cambio en la gestión de gastos de personal. La testigo añadió que los responsables de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aceptaron las recomendaciones que les hizo y modificaron la gestión introduciendo la obligación de que los pagos fueran controlados por una gerencia mancomunada. La perito, como ayer informó Levante-EMV, ratificó la declaración que prestó el 18 de junio y que utilizó el fiscal para fundamentar la denuncia contra el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, los directivos Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual y el técnico del departamento Económico-Financiero de la APV José Antonio Morales.
La interventora explicó al magistrado que en el cobro de sobresueldos no consideraba que existían indicios racionales de delito porque los denunciados han devuelto el dinero y no se ha producido un perjuicio económico para la Administración. La testigo añadió que todos han devuelto íntegramente el dinero salvo el director técnico Ignacio Luis Pascual Navarro que se ha comprometido a reintegrarlo en diez anualidades. La perito puntualizó que Rafael Aznar comenzó a devolver el dinero en noviembre de 2012 y completó los pagos el pasado 25 de julio.
El presidente del puerto cobraba dietas y sobresueldos por su asistencia a consejos y reuniones de VPI Logística, sociedad que gestiona la zona de actividades logísticas (ZAL). La interventora indicó al magistrado que las retribuciones fueron aprobados en un acuerdo del consejo de administración de VPI, pero Aznar no podía recibir la retribución conforme a la ley de incompatibilidades.
Plan estratégico
El magistrado que investiga el caso quiere aclarar si hay alguna relación entre el hecho de que la hija de Rafael Aznar trabajara para la consultora AT Kearney y que la Autoridad Portuaria le adjudicara por 2,5 millones de euros el proyecto de ampliación. La interventora aclaró que no le consta que la hija de Aznar fuera contratada por la firma para participar en la elaboración del plan estratégico 2014/2020. Con todo, la hija de Aznar sí fue contratada por AT Kearney para realizar otra funciones en este multinacional de capital británico. La testigo insistió en que al tratarse de dinero público le parecía excesivo las cantidades abonadas por cada jornada laboral, que cifró entre 600 y 4.000 euros durante la elaboración del plan de expansión del puerto.La interventora declaró que cuando el técnico del departamento Económico-Financiero de la APV José Antonio Morales tuvo conocimiento de la incompatibilidad suspendió todas sus funciones renunciando incluso a su cargo y que pagó de golpe lo que había cobrado irregularmente para no abonar intereses.
