La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la banca (Sareb) está esperando que se produzca el cambio en los inquilinos del Consell para tratar de descongelar las negociaciones para ceder pisos de su cartea destinados a alquileres sociales. El también denominado banco malo tiene bloqueada desde el año pasado la propuesta que hizo a la Generalitat gobernada por el Partido Popular para traspasarle inmuebles de difícil venta y destinarlas a familias con problemas de exclusión.
La iniciativa forma parte de un plan de alcance nacional que incluye una cartera de unos 2.000 inmuebles de toda España de los que una parte importante (más del 10 %) se ubica en la Comunitat Valenciana.
En julio del año pasado, la Sareb suscribió un primer acuerdo con la Generalitat de Cataluña que incluía la cesión de 600 inmuebles. Según el pacto, el Govern se encarga de la gestión y administración de las viviendas, por las que cobra un alquiler reducido. A cambio, el banco malo recibe una contraprestación para la cobertura de gastos derivados de la propiedad (comunidad, tasas, tributos y seguros).
Las conversaciones quedaron bloqueadas el año pasado porque el paquete de viviendas que la Sareb quería traspasar incluía pisos ocupados por inquilinos con problemas de pago. La Generalitat rechazó asumir estos casos argumentando que ya lidia con sus propios morosos y con familias con problemas de pago en los pisos que gestiona.
Fuentes de la Sareb indicaron ayer que bajo su punto de vista los casos de impagos tiene detrás carencias económicas de los inquilinos, un problema que corresponde resolver a las Administraciones. En este sentido, señalan que la entrada en el Consell de partidos con mayor «sensibilidad social» puede ayudar a desbloquear los convenios.
El perfil de la cartera de pisos que la entidad que preside Jaime Echegoyen está negociando poner en manos de las autonomías se corresponde con lo que se denomina «inmuebles atomizados». Se trata de viviendas aisladas, que no se agrupan en una única promoción. Son inmuebles que por su situación o condiciones han perdido mucho valor y difíciles de comercializar, de ahí que la Sareb haya propuesto cederlos para alquiler social a cambio de que las haciendas autonómicas sufraguen sus gastos fijos. Tampoco escapa a nadie que la iniciativa busca mejorar la imagen de una entidad que agrupa activos procedentes de bancos que han recibido miles de millones de euros en ayudas públicas.
Formaciones de izquierda como Podemos o Compromís han propuesto durante la campaña electoral que pisos y viviendas vacías en manos de los bancos se destinen a alquileres sociales de los que puedan beneficiarse familias en riesgo de exclusión social o castigadas por la crisis económica. Habrá que ver si el nuevo Consell acepta también gestionar pisos ocupados por morosos.
