La detención del expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, durante casi tres días por la operación Coral y su puesta en libertad el miércoles con la obligación de comparecer cada quince días ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González va a tener un efecto colateral sobre su persona, dado que el nuevo Consell se propone retirarle los honores derivados del cargo que ejerció entre 2002 y 2003, justo antes de ser nombrado presidente de Bancaja y del Banco de Valencia. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, mostró ayer a este diario su disposición a adoptar esta medida, porque Olivas «no ha estado a la altura de ese honor». Los expresidentes tienen derecho por ley a una oficina y los gastos derivados de su funcionamiento, dos empleados, un coche oficial, un conductor y escolta, si bien Olivas no hizo uso de ellos. Otra cosa es la condición de Molt Honorable asociada al cargo, que Oltra cree que se le debe retirar. Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que el Gobierno valenciano estudiará si retira la Alta Distinción de la Generalitat concedida en 2004. «Desde luego, soy partidario de que una persona que haya defraudado a los valencianos no puede tener ninguna distinción», manifestó ayer a Efe.

Al tiempo que se producían las reacciones políticas se conoció ayer parcialmente el contenido de la declaración de Olivas ante el juez. Según ha podido saber este diario, el expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia sostuvo ante el magistrado y la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, que él carecía de poder ejecutivo en las entidades que presidía y se limitaba a dar el visto bueno a los créditos que aprobaban sus directivos, como los que concedieron a los empresarios Juan Ferri y José Baldó para el proyecto en el Caribe mexicano que causaron un enorme quebranto a la entidad y de los cuales 115 millones acabaron desviados a Andorra y Suiza. Olivas alegó que está en el paro, y que como presidente de Bancaja solo cobraba unos 16.000 euros al año. Sin embargo, no mencionó los cientos de miles de euros que percibía como presidente del banco y consejero en participadas como Iberdrola o Abertis. El juez le preguntó cómo era posible que tuviera decenas de cuadros en casa con emolumentos de tan solo 16.000 euros al año y Olivas respondió que la mayoría de las pinturas eran »regalos de Bancaja» recibidos cada fin de año, que se encargaban a un pintor valenciano. Unos cuadros que eran «baratos», ya que cada uno costaba «entre 4.000 y 5.000 euros». Respecto a los dos viajes a Cuba en jet privado supuestamente pagados por Ferri y Baldó, Olivas explicó al juez que se trataba de «viajes de negocios para ampliar mercados en cuanto cambiara el régimen» castrista.

Olivas aseguró ayer, en un comunicado leído a Efe, que los préstamos concedidos al Grupo Gran Coral fueron aprobadas por unanimidad por el consejo de administración de la caja, que las garantías aportadas «cubrían y cubren los importes concedidos» y que las operaciones «fueron tramitadas correctamente, con todos los informes técnicos favorables».

El exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, pagó ayer por la mañana la fianza de 500.000 euros impuesta la noche anterior por el juez González para poder salir de la cárcel. Hoy está previsto que haga lo mismo el exdirector general adjunto de la entidad, José Cortina.