Casi un tercio de los municipios de la Comunitat Valenciana carece de oficina bancaria. Es la consecuencia de la concentración que ha sufrido el sector durante la crisis y la progresiva reducción de la red en la que están inmersas las entidades en busca de una mayor rentabilidad que se hace difícil en unos tiempos como los actuales, con los tipos de interés bordeando el terreno negativo. Los últimos datos de que dispone el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), correspondientes al cierre de 2015, revelan que 164 localidades de la autonomía no tienen ningún establecimiento financiero. Por tanto, se trata de un 30,2 % respecto a las 542 poblaciones que componen la Comunitat Valenciana.

La provincia más afectada es la de Valencia, con 66 municipios, seguida de Castelló (64) y Alicante (34). En los últimos cuatro años, el número de poblaciones sin oficina ha aumentado en un 29 %. Al cierre de 2012, según un informe para la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) publicado en 2014 por el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Joaquín Maudos, la cifra de pueblos sin sucursal bancaria era de 127, es decir 37 menos. No obstante, pese a la gran cantidad de municipios afectados, la población que vive en ellos representa un porcentaje mínimo del total valenciano. Así, según los datos facilitados ayer por el IVF, los ciudadanos que carecen de oficina en Castelló son 4.336, los de Alicante, 7.388 y los de Valencia, 13.890. En total, 25.614. Muy pocos en relación con los más de cinco millones que viven en la autonomía.

En relación con esto, Maudos aseguró ayer a este diario que no se puede afirmar que a esas poblaciones se les deba aplicar el concepto de exclusión financiera total por varios motivos: la presencia en algunas de ellas de cajeros sin oficina, los autobuses que, como es el caso de Bankia, cubren esas localidades algunos días entre semana y el hecho de que los jóvenes que viven en las mismas operan en su mayoría a través de internet, lo que los iguala a sus homólogos de las áreas urbanas. El problema, según Maudos, lo tienen las personas mayores, que no están habituadas a operar a través de la red.

El experto, quien precisó que el cierre de oficinas bancarias es muy probable que continue en los próximos años, tal como ha aconsejado el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó como una prioridad pública que internet llegue a todas las poblaciones y apuntó que uno de los roles a jugar por la banca pública valenciana, es decir, el IVF, es establecer mecanismos para dar cobertura financiera a las localidades que están o rozan la exclusión.