El proceso de implantación del nuevo régimen de la estiba tendrá un período transitorio que, por el momento, no han podido consensuar los tres principales protagonistas del sector: José Llorca (presidente de Puertos del Estado, Ministerio de Fomento), Joaquim Coello (máximo mandatario de la patronal Anesco) y Antolín Goya (jefe del sindicato mayoritario Coordinadora). La reforma del Gobierno ya ha sido anunciada en Bruselas por Llorca.
Sistema de contratación
Las empresas dispondrán de un período de tres años en el que están obligadas a seguir contratando al 75, 50 y 25 %, respectivamente, durante el primer, segundo y tercer año, de los estibadores de las actuales Sagep (las empresas que en la actualidad monopolizan en cada el servicio en cada uno de los puertos de interés general de España).
Empresa única (Sagep)
Deberán extinguirse o transformarse en ETT, que podrán comenzar a operar en los puertos desde la entrada en vigor del Decreto-Ley. Las actuales Sagep tienen tres años para transformarse o extinguir su actividad.
Futuro de la plantilla
Los 6.156 trabajadores fijos de España (1.424 en los puertos de Valencia, Sagunt y Gandia, según el censo de 2014). Las citadas Sagep realizarán expedientes de regulación de empleo, según sus necesidades de actividad, y los trabajadores vinculados mantendrán sus derechos laborales.
Indemnizaciones
El Gobierno cargará con las indemnizaciones por despido, que calcula en unos 350 millones de euros en toda España. Cuando sean por causas objetivas se abobarán veinte días por año con un máximo de doce meses.
Nueva capacitación
Para poder ejercer como estibador,se exigirá contar con los títulos de capacitación y certificado de actividad profesional correspondientes y que están regulados a través del RD 988/2013. Con todo, se abre una vía para los trabajadores que puedan justificar un mínimo de 100 jornadas laborales, en cualquier puerto de la Unión Europea, con lo que quedarán exentos de certificar el título.
Adaptar los convenios
Las nuevas empresas de la estiba tendrán que adaptar los convenios colectivos actuales en el plazo máximo de un año después de su aprobación. Posteriormente, todo convenio que restrinja la libertad de contratación será nulo de pleno derecho.
Cumplir la sentencia de la UE
Fomento quiere remitir en al Consejo de Ministros el texto de una reforma que permitirá a España cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 11 de diciembre de 2014.
Sanción de Bruselas
La UE está lista para imponer la sentencia que multa a España con 21,5 millones por el monopolio de empresas y sistema de contratación. Muy pronto España se enfrentará a otra sentencia contraria por no haber cumplido la primera, que es de 134.100 euros diarios por cada día que se retrasase en el cumplimiento de la norma.
