La patronal alicantina Coepa, como las Cortes franquistas, se hizo el harakiri la semana pasada cuando se sumó al acuerdo para liquidar la autonómica Cierval. Probablemente, no tenía otra opción, al igual que su homológa de Castelló, la CEC, por la que nadie da un duro, vista la enorme deuda de casi dos millones con la Generalitat por una gestión de los cursos de formación que investiga un juzgado de Nules.

El caso es que Coepa superó a finales del año pasado un concurso de acreedores gracias a que el juez aprobó una quita del 95% en sus deudas, la mayoría de ellas -a excepción del polémico centro de oficios- con Cierval. Su plan de viabilidad contempla unos ingresos anuales de alrededor de 120.000 euros a través de la Ley de Participación Institucional. Sin embargo, ese dinero tenía que llegarle a través de Cierval, que es la que todavía está reconocida como interlocutora de la administración.

El caso es que Cierval va a la liquidación y su sucesora será la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), cuya asamblea aprobará este viernes una reforma de los estatutos para convertirla en patronal autonómica. Su presidente, Salvador Navarro, aseguró el pasado miércoles en la presentación pública de la futura organización que las actuales provinciales desaparecerán y serán sustituidas por consejos empresariales, sin estructura, cuyo principal cometido será reivindicativo. La clave de todo es que, como dejó muy claro Navarro, no manejarán fondos públicos.

Así que Coepa, a la que ahora la Generalitat exige la devolución de casi dos millones por el citado centro de oficios, si logra eludir esa deuda, se quedará sin una fuente fundamental de ingresos. Le restarán las cuotas de las empresas afiliadas, que, como se ha visto durante su reciente crisis, le han dado la espalda. Si a eso se suma que las grandes federaciones de esa provincia, como el turismo o el calzado, ya negocian su incorporación directa a la nueva autonómica, el futuro de Coepa es negrísimo.