La sección 5ª de la Audiencia Provincial de València ha abierto juicio oral contra tres directivos de Unión Naval Valencia SA, empresa propiedad del armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, por varios delitos en el presunto desvío de 354.695 euros de fondos europeos para formación de trabajadores a otros cometidos. El fiscal solicita seis años de cárcel para los procesados, dos de los cuales ya no pertenecen a la empresa de mantenimiento otrora astilleros del puerto.
El juicio oral se celebrará los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El fiscal pide seis años de cárcel para la exdirectora general de Unión Naval, Alicia Martín; el exdirector general Antonio Martín y el actual director de Recursos Humanos del Grupo Boluda, matriz de Unión Naval, por delitos continuados de falsedad y estafa o cuatro años si el delito probado es de fraude en subvenciones, según el escrito del Ministerio Público. Los acusados deben devolver al Estado la cantidad de 354.695 euros o en caso de no ser posible responderá la propia Unión Naval Valencia SA.
En el juicio declararán los tres acusados y nueve testigos, entre los que se encuentran empleados y miembros de la empresa de seguridad que denunció los hechos junto con la Intervención del Estado, la encargada de velar por el buen uso de los fondos europeos.
Los hechos ocurrieron en los años 2008 a 2010. El fiscal concluye que los tres directivos acusados tenían poderes de dirección y organización y «decidieron obtener subvenciones a la formación que otorgaba anualmente la Presidencia de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval, sin realizar la actividad subvencionada, que era la organización de cursos de formación para trabajadores».
Según el Ministerio Público, «los acusados aprovecharon la relación comercial que mantenían con empresas que facturaban a Unión Naval Valencia SA por otros trabajos realmente prestados que nada tenían que ver con cursos de formación subvencionados». Los acusados, añade, «confeccionaron por sí mismos o por subordinados documentos similares a las facturas de esos proveedores en las que modificaban los conceptos haciendo constar que se habían realizado los cursos de formación por importes allí reflejados y aportaban a la administración tales documentos para cobrar por la formación».
En uno de los casos, presuntamente se abonaron el montaje de andamios con dinero justificado como cursos de seguridad. Los investigadores también han detectado que en una convocatoria «hay un total de diez cursos en los cuales ni tan siquiera la empresa Progene Segurlabor -uno de los proveedores que denunció- tiene capacidad, conocimiento ni medios para poder impartirlos, dado que se refieren a materias sanitarias».
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional registró las oficinas de Unión Naval para incautarse de documentación cuando arrancaron las investigaciones.
